La reciente destitución de Miguel Mejía como ministro sin cartera encargado del Ministerio de Integración Regional, mediante el Decreto 8-25, evidencia un acto firme del presidente Luis Abinader para salvaguardar la institucionalidad y la dignidad del Estado dominicano.
En un momento donde la diplomacia y la política requieren de altura y respeto, resulta inaceptable que un funcionario de alto nivel se permita atacar públicamente al jefe de Estado que representa. Las discrepancias políticas son naturales y enriquecedoras en una democracia, pero cruzar la línea hacia el insulto personal es una aberración política que denota baja calidad en el debate público y en la responsabilidad de quienes ostentan cargos gubernamentales.
La figura de Miguel Mejía no es ajena a las controversias. Su cercanía con regímenes cuestionados como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua ha generado desconfianza en amplios sectores de la sociedad dominicana. Su defensa abierta de modelos ideológicos de izquierda, aunque legítima en el plano ideológico, se contrapone con los intereses de un país que apuesta por la democracia, el respeto a los derechos humanos y una integración regional basada en el fortalecimiento económico y la cooperación transparente.
La destitución de Mejía llega tras sus críticas al presidente Abinader por haber recibido en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia. Este acto de política exterior, lejos de ser un error, refleja el compromiso de la República Dominicana con la defensa de la democracia y el apoyo a quienes luchan por la libertad en su país.
El presidente Abinader ha demostrado una vez más su disposición a tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para garantizar que el aparato gubernamental sea coherente con los valores y principios que la nación defiende. La destitución de Miguel Mejía no solo pone fin a un episodio bochornoso, sino que también envía un mensaje claro: la política dominicana debe basarse en el respeto, la altura y el compromiso con los intereses nacionales.
En una democracia, los funcionarios públicos no tienen carta blanca para anteponer sus posturas ideológicas o personales al deber institucional. Es momento de que la clase política reflexione sobre el nivel del discurso público y el impacto que este tiene en la credibilidad del gobierno y la confianza del pueblo dominicano.
Redacción: Multimedios La Voz Sin Censura
