La transparencia en la gestión pública ha sido durante años un ideal deseado en la República Dominicana, pero su implementación efectiva, sobre todo en los ayuntamientos, sigue siendo una tarea pendiente.
A pesar de los avances legislativos y los mecanismos de fiscalización, los cabildos, responsables de la administración municipal, continúan siendo un espacio donde los casos de abuso de poder y mala gestión florecen.
Los ayuntamientos, que deberían ser los principales garantes de los servicios básicos y el desarrollo local, muchas veces se ven envueltos en escándalos relacionados con la corrupción, el desvío de fondos y la falta de transparencia en la asignación de contratos.
La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece claramente las funciones de los cabildos y la obligación de rendir cuentas, pero la realidad ha demostrado que esta normativa es insuficiente para prevenir el abuso de poder por parte de algunos alcaldes y funcionarios municipales.
Uno de los principales problemas es la falta de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Aunque la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) obliga a las instituciones públicas, incluyendo los ayuntamientos, a facilitar información sobre sus gestiones, muchas veces esta se oculta o se ofrece de manera incompleta. Esto crea un ambiente propicio para que se lleven a cabo prácticas cuestionables que, sin la debida fiscalización, perjudican a la población.
El abuso de poder se manifiesta de diversas formas, desde la apropiación indebida de recursos municipales hasta la falta de transparencia en los procesos de licitación para obras públicas.
En algunos casos, se observa un uso discrecional de los fondos públicos para beneficio personal o partidista, en lugar de enfocarse en resolver las necesidades urgentes de las comunidades. Los proyectos de infraestructura que deberían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos muchas veces se quedan a medio camino, o peor, son ejecutados con sobrecostos que solo benefician a un pequeño grupo de empresarios vinculados a los líderes municipales.
La participación ciudadana, otro pilar fundamental de la democracia, también se ve limitada. Aunque las Juntas de Vecinos y organizaciones comunitarias son mecanismos de control social, en muchos casos, su voz es ignorada o incluso silenciada por aquellos en el poder. El resultado es una gestión pública que no responde a las verdaderas necesidades de los municipios, perpetuando la desconfianza y el desencanto con las autoridades locales.
Para superar esta situación, es urgente fortalecer los mecanismos de control interno y externo. La Cámara de Cuentas y otras entidades de fiscalización deben tener mayor autonomía y recursos para realizar auditorías periódicas y sancionar las irregularidades. De igual forma, se debe empoderar a la ciudadanía mediante la educación cívica y el acceso efectivo a la información pública.
Los cabildos dominicanos no pueden seguir siendo vistos como feudos donde algunos se enriquecen a costa de los recursos municipales. La transparencia no debe ser una opción, sino una obligación ineludible. Solo así se podrá devolver la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales y garantizar que los recursos públicos sean utilizados en beneficio de todos, y no de unos pocos.
En definitiva, una verdadera transformación requiere de una cultura de rendición de cuentas, ética en el servicio público y una ciudadanía activa y vigilante. Sin estos elementos, los ayuntamientos seguirán siendo escenarios de abusos de poder que perjudican el desarrollo de las comunidades y la democracia en su conjunto.
