Por Luis D. Santamaría
Periodista, residente en Monte Plata.
En los últimos años, diversas organizaciones internacionales y voces foráneas han insistido en tachar a los dominicanos de racistas por el simple hecho de exigir el cumplimiento de sus leyes migratorias. Sin embargo, esa afirmación no solo es injusta, sino que representa una peligrosa distorsión de la realidad social y política de nuestro país.
Decir que somos racistas porque pedimos la salida de haitianos indocumentados que han cruzado nuestras fronteras sin autorización es una falta de respeto a la soberanía nacional. La República Dominicana, como cualquier nación del mundo, tiene todo el derecho de decidir quién entra, bajo qué condiciones y con qué documentación.
La defensa de nuestras fronteras y la aplicación de la ley migratoria no tiene nada que ver con el color de piel ni con el origen étnico. Tiene que ver con legalidad, orden y seguridad. Vivimos en una isla dividida entre dos naciones, con historias distintas, economías dispares y niveles de institucionalidad contrastantes. Esa realidad nos obliga a actuar con responsabilidad para evitar que los problemas estructurales de Haití desborden nuestra capacidad de respuesta como Estado.
Muchos de los haitianos que han entrado al país lo han hecho sin cumplir los requisitos legales. Algunos incluso han adoptado actitudes desafiantes, ocupando espacios públicos, generando asentamientos informales, y en ciertos casos, involucrándose en actividades ilícitas. Ante esto, el Estado dominicano no puede quedarse de brazos cruzados.
Quienes nos llaman racistas —como Amnistía Internacional y otras entidades— ignoran deliberadamente el esfuerzo que ha hecho el pueblo dominicano por años para convivir en paz con nuestros vecinos. Somos un país solidario, pero no ingenuo. Hemos acogido a miles de haitianos en nuestras escuelas, hospitales y comunidades. Pero hay un límite, y ese límite lo marca la ley.
Apoyar la deportación de haitianos ilegales no es racismo, es sentido común. Pretender lo contrario es exigirnos un nivel de tolerancia que ninguna otra nación se permitiría. Los Estados Unidos, por ejemplo, aplican su política migratoria con dureza y sin contemplaciones. ¿Se les acusa de racistas por eso?
Es hora de hablar claro: los dominicanos no estamos obligados a cargar con la crisis de Haití. Rechazamos la migración ilegal no por odio, sino por respeto a nuestro país y a nuestro futuro. Quienes apoyan la permanencia irregular de haitianos están errados. La convivencia forzada no puede ser impuesta por organismos internacionales ni por grupos de presión que no conocen nuestra historia ni nuestros desafíos.
La dirigencia de Amnistía Internacional debe entender que este es un tema de Estado. La República Dominicana tiene derecho —y deber— de aplicar con rigor su legislación migratoria sin pedirle permiso a nadie. Ya basta de manipulaciones.
Sí, los dominicanos somos hospitalarios. Sí, somos un pueblo noble. Pero también somos defensores de nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestro orden. Y eso, señores, no es racismo.
Es dignidad.
