En la República Dominicana hay una realidad que preocupa cada vez más a los ciudadanos: el dinero no alcanza, el costo de la vida continúa presionando los presupuestos familiares y, mientras tanto, el Estado mantiene una dinámica de recaudación tributaria que merece una profunda discusión nacional.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que las familias dominicanas sientan cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, mientras el sistema tributario continúa generando nuevas obligaciones, modificaciones y mecanismos de recaudación?
¿Estamos ante una reforma fiscal silenciosa?
No se trata de una pregunta formulada para crear alarma ni de desconocer la responsabilidad del Estado de recaudar los recursos necesarios para su funcionamiento. Se trata de poner sobre la mesa una preocupación legítima: la presión económica que experimentan los ciudadanos y los sectores productivos.
En nuestro país, pagar impuestos forma parte de prácticamente todas las actividades económicas. Cuando compramos alimentos, combustible, electrodomésticos, medicamentos, contratamos servicios de telecomunicaciones o realizamos determinadas operaciones comerciales, encontramos distintas formas de tributación.
A esto se suman los compromisos fiscales de los comerciantes, profesionales independientes, empresarios y pequeños emprendedores, quienes deben cumplir con sus obligaciones en medio de costos operativos cada vez más exigentes.
El problema es que los ingresos de una parte importante de la población no crecen necesariamente al mismo ritmo que sus gastos.
El ciudadano paga más, pero ¿recibe mejores servicios?
Esta es una de las grandes contradicciones que deben examinarse en el debate económico nacional.
La ciudadanía necesita hospitales con capacidad de respuesta, escuelas dignas, seguridad ciudadana, transporte público eficiente, calles en buenas condiciones, agua potable y servicios públicos de calidad.
Sin embargo, en numerosas comunidades persisten problemas de infraestructura, deficiencias en los servicios básicos, dificultades de acceso a la salud y demandas sociales que parecen no encontrar respuestas oportunas.
En sectores como Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, Boca Chica y La Caleta, las comunidades continúan reclamando soluciones a problemas relacionados con el drenaje pluvial, el suministro de agua, el alumbrado público, las vías de comunicación y la seguridad.
Por eso, la discusión tributaria no puede limitarse a cuánto dinero recauda el Gobierno. También debe incluir qué hace con esos recursos y cuáles resultados concretos puede mostrar a los contribuyentes.
Una reforma fiscal no necesita llevar ese nombre para generar cambios en los bolsillos.
Cuando se modifican disposiciones tributarias, se revisan tratamientos impositivos, se establecen nuevas obligaciones o se alteran mecanismos de recaudación, es necesario explicar sus efectos sobre la economía familiar y empresarial.
En 2024, el Gobierno dominicano presentó una propuesta de modernización fiscal que provocó un amplio debate nacional. La iniciativa fue posteriormente retirada, luego de que el presidente Luis Abinader anunciara que no continuaría con su trámite.
Aquel episodio dejó una interrogante importante: ¿cómo debe financiarse el desarrollo del país sin imponer una carga desproporcionada a quienes producen, trabajan y consumen?
La discusión no desapareció con el retiro de aquella propuesta. Por el contrario, continúa siendo pertinente examinar cada modificación tributaria y determinar si representa una mayor carga para los contribuyentes.
Por supuesto, no todo incremento en las recaudaciones significa necesariamente un aumento de impuestos. También puede responder al crecimiento de la actividad económica, a una mayor fiscalización o a una mejor administración tributaria. Precisamente por eso, las autoridades deben ofrecer información transparente que permita distinguir entre estos factores.
El problema también está en el gasto público.
No se puede exigir eficiencia al contribuyente mientras el Estado no demuestra permanentemente su compromiso con la racionalidad del gasto.
La ciudadanía tiene derecho a preguntar cuánto se invierte en publicidad gubernamental, consultorías, nóminas, alquileres, contrataciones y estructuras administrativas. También tiene derecho a conocer qué resultados producen esas inversiones.
Un Estado moderno no se mide únicamente por su capacidad de recaudar, sino por su capacidad de transformar los recursos públicos en bienestar colectivo.
La disciplina fiscal debe comenzar en las instituciones públicas. La transparencia no puede ser una consigna de campaña ni una declaración para los discursos oficiales; debe convertirse en una práctica cotidiana.
¿Quién defiende el bolsillo de los dominicanos?
Los trabajadores que reciben un salario fijo, los pequeños comerciantes, los padres de familia, los jóvenes que buscan independizarse y los emprendedores que intentan mantener sus negocios necesitan que las decisiones económicas tomen en cuenta su realidad.
No se puede construir una economía verdaderamente sostenible si el consumo de los hogares se debilita, los pequeños negocios pierden capacidad de crecimiento y las familias tienen que recurrir cada vez más al endeudamiento para cubrir sus necesidades.
El Gobierno debe comprender que la confianza ciudadana también depende de la manera en que administra los recursos y distribuye los sacrificios económicos.
No basta con presentar cifras positivas de recaudación. Hay que explicar cómo esas cifras se traducen en mejores condiciones de vida.
La pregunta que el Gobierno debe responder
Si no hay una nueva reforma fiscal formalmente anunciada, ¿cómo se explican las modificaciones tributarias que se han producido y cuáles son sus consecuencias reales para los contribuyentes?
¿Quién está evaluando el impacto de esas decisiones sobre la clase media, los trabajadores y los pequeños empresarios?
¿Estamos construyendo un sistema tributario más eficiente y equitativo o simplemente estamos ampliando la capacidad de recaudación de un Estado que todavía tiene importantes desafíos en la calidad del gasto público?
Estas preguntas no representan una posición contra el Gobierno ni contra la necesidad de pagar impuestos. Representan el ejercicio legítimo de la ciudadanía de exigir explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
La República Dominicana necesita recaudar para desarrollarse, pero también necesita gastar mejor, combatir la evasión, revisar los privilegios fiscales, reducir las ineficiencias institucionales y garantizar que la carga tributaria se distribuya con criterios de justicia.
Porque hay una realidad que no puede ignorarse: los impuestos se pagan con el dinero que producen los ciudadanos, no con los discursos de las autoridades.**
Y si cada día cuesta más llenar el carrito del supermercado, pagar los servicios y mantener un hogar, es legítimo preguntarse si estamos frente a una reforma fiscal silenciosa o ante un modelo de recaudación que necesita ser revisado profundamente.
El Gobierno tiene la palabra. La ciudadanía merece respuestas, transparencia y resultados.
Logan Jiménez Ramos
Periodista | Consultor en Comunicación Política
Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional
Director Ejecutivo de La Voz Sin Censura
Artículo de opinión.
