La publicidad estatal no puede convertirse en un instrumento de dominación política, ni en una recompensa para los medios complacientes o un castigo económico contra quienes ejercen el periodismo con independencia. Cuando los recursos públicos se distribuyen sin criterios transparentes, objetivos y verificables, el riesgo es evidente: los grandes medios consolidan sus ventajas, los pequeños luchan por sobrevivir y la libertad de prensa queda expuesta a una forma de censura que no necesita cerrar periódicos ni apagar micrófonos.
En la República Dominicana, el debate sobre la publicidad oficial trasciende una simple discusión presupuestaria. Estamos hablando de la relación entre el poder político, el dinero de los contribuyentes, la sostenibilidad de los medios de comunicación y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.
La pregunta que debemos hacernos es incómoda, pero necesaria: ¿la publicidad del Estado se está utilizando exclusivamente para informar a la población o, en determinados casos, puede convertirse en un mecanismo que condiciona la supervivencia económica de los medios?
Cuando el dinero público se convierte en una herramienta de presión
Los medios de comunicación necesitan recursos para pagar periodistas, fotógrafos, camarógrafos, técnicos, diseñadores, plataformas digitales, servicios de transmisión y otras obligaciones indispensables para mantener sus operaciones. Esta realidad es particularmente difícil para los periódicos digitales independientes, las emisoras comunitarias, los canales locales y los proyectos periodísticos que trabajan fuera de los grandes centros de poder económico.
Para muchos de estos medios, conseguir un contrato de publicidad institucional puede representar la diferencia entre continuar informando o reducir sus operaciones.
Precisamente por esa dependencia económica, la distribución de la publicidad oficial exige controles rigurosos. Si un medio recibe recursos sin que existan criterios públicos que expliquen la decisión, mientras otro queda excluido sin justificación verificable, se abre un espacio para la discrecionalidad y la sospecha de favoritismo.
El problema no consiste en que el Estado contrate publicidad con determinados medios. El Gobierno tiene la responsabilidad de comunicar campañas de salud, educación, prevención, seguridad vial, servicios públicos y otras informaciones de interés colectivo. El problema surge cuando la asignación de esos recursos deja de responder a necesidades comunicacionales comprobables y termina dependiendo de relaciones políticas, afinidades personales o consideraciones editoriales.
En ese escenario, la publicidad estatal corre el riesgo de dejar de ser una herramienta de comunicación pública para convertirse en un instrumento de presión económica.
Los pequeños medios también tienen derecho a existir
Durante demasiado tiempo, la discusión sobre la publicidad gubernamental se ha concentrado en los grandes medios nacionales, como si la comunicación pública terminara en las principales avenidas de Santo Domingo.
Pero la realidad periodística dominicana es mucho más amplia.
En los municipios, distritos municipales, barrios y comunidades existen portales digitales, programas de radio, canales locales y plataformas informativas que mantienen una relación directa con la ciudadanía. Son medios que documentan problemas de agua potable, deficiencias en los servicios públicos, inseguridad, deterioro de las calles, dificultades educativas y reclamos comunitarios que muchas veces no encuentran suficiente espacio en las grandes agendas nacionales.
Excluir sistemáticamente a estos proyectos de las oportunidades de contratación publicitaria, sin criterios transparentes que lo justifiquen, puede debilitar la diversidad informativa y reducir la capacidad de las comunidades para hacer visibles sus necesidades.
No se trata de exigir que cada medio reciba dinero público por el simple hecho de existir. Se trata de reclamar reglas claras, oportunidades razonables de participación y decisiones que puedan ser examinadas por la ciudadanía.
La circulación de una información de interés público no depende exclusivamente del tamaño de una empresa de comunicación. Un medio comunitario puede llegar a una población que no consume periódicos nacionales, mientras que una plataforma digital local puede ofrecer una cobertura especializada que las grandes estructuras informativas no siempre realizan.
Por eso, el tamaño de un medio no debería ser, por sí solo, una barrera para competir por campañas que se ajusten a su audiencia y capacidad de difusión.
La censura económica: cuando el silencio no necesita una orden
La censura tradicional se manifiesta mediante prohibiciones, amenazas, clausuras o restricciones directas. Sin embargo, también existe el riesgo de que determinadas prácticas económicas produzcan un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico.
Un medio que depende considerablemente de la publicidad institucional puede sentirse presionado a moderar sus críticas por temor a perder contratos. Un periodista que observa cómo se distribuyen los recursos puede preguntarse si investigar una gestión pública afectará las posibilidades comerciales de su empresa.
No significa que todos los medios beneficiados por publicidad estatal renuncien a su independencia, ni que toda exclusión constituya automáticamente una represalia. Significa que un sistema opaco crea condiciones que pueden afectar la confianza pública y generar incentivos contrarios al periodismo crítico.
La independencia editorial no puede depender de la voluntad de un funcionario, de la simpatía de un departamento de comunicación o de la cercanía de un propietario de medios con las estructuras del poder.
Cuando el acceso a recursos públicos parece premiar la complacencia, el riesgo no se limita a las empresas periodísticas. También pierde la sociedad, porque disminuyen los incentivos para investigar, cuestionar y fiscalizar a quienes administran el Estado.
La libertad de prensa no consiste únicamente en permitir que un periodista publique una noticia. También requiere condiciones institucionales que impidan utilizar los recursos públicos para castigar, directa o indirectamente, el ejercicio legítimo de la crítica.
La Constitución y las reglas no pueden quedarse en el papel
El artículo 49 de la Constitución dominicana reconoce la libertad de expresión e información, prohíbe la censura previa y protege el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información. Asimismo, contempla el acceso equitativo y plural a los medios de comunicación propiedad del Estado. Estos principios constituyen una referencia fundamental para cualquier debate sobre la relación entre las instituciones públicas y el sistema de medios. Constitución dominicana, artículo 49.
Además, el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto núm. 1-24, que regula la publicidad oficial y prohíbe, entre otras prácticas, utilizarla como subsidio o pago encubierto para beneficiar a comunicadores o medios, así como emplearla con propósitos propagandísticos o electorales en los términos establecidos por esa disposición. Presidencia de la República Dominicana.
La existencia de estas disposiciones plantea una obligación institucional: asegurar que las decisiones de contratación sean transparentes, justificables y compatibles con las normas vigentes.
En abril de 2026, Participación Ciudadana advirtió públicamente sobre los riesgos que representa la falta de controles efectivos en la publicidad estatal y reclamó una regulación más robusta que garantice transparencia sobre los recursos y su distribución. Diario Libre, 18 de abril de 2026.
Estas advertencias refuerzan la necesidad de examinar el funcionamiento real del sistema. No basta con tener normas escritas: también hace falta información pública suficiente para determinar cómo se aplican, quiénes reciben los contratos, cuáles son los criterios utilizados y qué mecanismos existen para denunciar posibles irregularidades.
La transparencia no debe depender de que un periodista formule una denuncia. Debe formar parte del funcionamiento ordinario de la administración pública.
¿Quién decide qué medios merecen recibir publicidad?
Esta es una de las preguntas centrales del debate.
La asignación de publicidad oficial debería responder a criterios verificables, como el público objetivo de la campaña, su cobertura territorial, la audiencia efectiva, la pertinencia del canal, las tarifas razonables y los resultados esperados.
Una campaña dirigida a una comunidad específica puede requerir medios locales. Una campaña nacional puede necesitar una combinación de televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y plataformas especializadas. La selección debe estar vinculada con los objetivos de comunicación y el uso eficiente de los recursos públicos.
Lo que no resulta aceptable es que las decisiones carezcan de explicaciones suficientes o que la cercanía política se convierta en una ventaja determinante.
Para evitarlo, las instituciones deberían publicar periódicamente los montos contratados, los medios beneficiarios, los procedimientos utilizados, los objetivos de cada campaña y los criterios que justifican la selección. También deberían existir mecanismos de revisión y reclamación accesibles para los proveedores excluidos.
Los criterios de audiencia y alcance deben aplicarse con proporcionalidad. No sería razonable exigir a un medio comunitario el mismo volumen de visitas que a un gran portal nacional cuando ambos atienden públicos diferentes. La evaluación debe considerar la audiencia pertinente para cada campaña, no solamente cifras generales de tráfico o popularidad.
De igual manera, la contratación debe respetar los procedimientos legales aplicables, sin convertir la publicidad institucional en una subvención automática ni en un derecho adquirido para cualquier empresa de comunicación.
El objetivo es establecer un sistema donde la decisión pueda explicarse con datos, y no dependa de rumores, favoritismos o interpretaciones políticas.
El Estado no puede ser dueño de la agenda periodística
Una democracia necesita medios capaces de reconocer los avances de una gestión pública, pero también de investigar sus errores, cuestionar sus decisiones y denunciar las irregularidades que encuentren.
La publicidad institucional no debe comprar silencio ni garantizar elogios. Pagar por difundir una campaña pública no equivale a comprar la línea editorial de un medio.
El periodismo tiene responsabilidades éticas, profesionales y legales. Debe verificar sus informaciones, respetar la presunción de inocencia, distinguir los hechos de las opiniones y conceder oportunidad de respuesta cuando corresponda. Pero esas obligaciones no pueden utilizarse como pretexto para condicionar su independencia.
Del mismo modo, ningún medio debería considerar que recibir publicidad estatal lo exime de fiscalizar a la institución que contrata sus servicios.
La relación debe ser estrictamente profesional: el Estado paga por una difusión contratada y verificable; el medio cumple las condiciones acordadas; y el periodista conserva su libertad para informar, investigar y opinar.
Cualquier desviación de ese principio merece atención pública y, cuando existan indicios concretos de irregularidades, una investigación conforme a la ley.
Una reforma necesaria para proteger el pluralismo informativo
La República Dominicana necesita avanzar hacia un modelo de publicidad oficial que combine eficiencia, transparencia y respeto a la libertad de prensa.
Para lograrlo, es necesario publicar datos comparables sobre la contratación publicitaria de las instituciones, establecer criterios objetivos de selección, facilitar la participación de medios locales y digitales, auditar los gastos y crear procedimientos para revisar decisiones cuestionadas.
También es fundamental diferenciar la publicidad institucional legítima de la propaganda partidaria. Los recursos del Estado pertenecen a la ciudadanía y deben utilizarse para satisfacer necesidades públicas, no para construir lealtades políticas ni promover intereses particulares.
Los gremios periodísticos, las organizaciones de la sociedad civil, los propietarios de medios y las instituciones responsables deben participar en un diálogo que permita identificar fallas y formular soluciones verificables.
Ese debate debe desarrollarse con datos, documentación y garantías para todas las partes. Las denuncias de exclusión merecen ser examinadas, pero también deben investigarse con rigor, evitando atribuir intenciones o responsabilidades sin pruebas suficientes.
La transparencia protege tanto a los medios excluidos como a las instituciones que contratan. Cuando existen reglas públicas y resultados verificables, disminuye el espacio para la sospecha y aumenta la confianza ciudadana.
Defender a los pequeños medios es defender el derecho de la gente a estar informada
El debate sobre la publicidad estatal no debe reducirse a una disputa comercial entre empresas periodísticas. Su dimensión democrática es mucho mayor.
Cuando desaparece un medio local, una comunidad puede perder una fuente de información que documentaba sus problemas, vigilaba a sus autoridades y daba voz a ciudadanos que difícilmente encontrarían espacio en otras plataformas.
Por eso, el Estado debe garantizar condiciones transparentes de competencia, sin favorecer ni castigar a los medios por sus posiciones editoriales. Los recursos públicos deben administrarse con criterios de interés general y con mecanismos que permitan comprobar que las decisiones son legítimas.
La publicidad estatal no es propiedad de un gobierno, de un partido, de un funcionario ni de un grupo empresarial. Es un instrumento financiado por los contribuyentes, cuyo uso debe responder a las necesidades de comunicación de la sociedad.
Si su distribución se convierte en una práctica discrecional que favorece a unos y margina a otros sin justificación objetiva, el país se expone a un problema que va más allá de los ingresos de las empresas: la concentración de las oportunidades para informar y la posible presión económica sobre la independencia periodística.
La libertad de prensa no se defiende únicamente con discursos oficiales ni con declaraciones de compromiso democrático. Se defiende mediante reglas claras, instituciones que rindan cuentas y condiciones que permitan a los periodistas ejercer su trabajo sin temor a represalias económicas.
El verdadero desafío no es garantizar publicidad a todos los medios sin distinción, sino impedir que el dinero público se convierta en un mecanismo de control editorial. Porque cuando la supervivencia de un medio depende de agradar al poder, la sociedad corre el riesgo de perder algo mucho más valioso que un contrato publicitario: su derecho a conocer la verdad, escuchar distintas voces y fiscalizar a quienes gobiernan.
Logan Jiménez Ramos
Periodista | Consultor en Comunicación Política | Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional
