La libertad de expresión y el derecho a la información
La libertad de prensa y de expresión es un derecho fundamental en la República Dominicana, consagrado en el artículo 49 de la Constitución. Esta garantía permite que cualquier ciudadano, en especial los periodistas, pueda expresar libremente sus ideas y acceder a información pública sin censura previa.
Además, la Ley No. 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública refuerza este derecho, asegurando que cualquier persona, incluyendo los periodistas de medios tradicionales y digitales, pueda obtener y difundir información de interés general sin restricciones arbitrarias.
Cobertura de eventos oficiales: Un derecho inalienable
Las actividades oficiales del Estado, como ruedas de prensa, sesiones legislativas y actos gubernamentales, son de interés público y deben ser accesibles para los periodistas sin distinción entre medios tradicionales y digitales.
No obstante, en la práctica, algunos funcionarios y organismos han intentado limitar el acceso de ciertos periodistas, particularmente de medios digitales e independientes, bajo excusas como la falta de acreditación oficial o restricciones discrecionales. Este tipo de acciones no solo violan la igualdad de derechos, sino que también socavan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno ante la ciudadanía.
Los Gremios Periodísticos y la Protección de los Comunicadores
A pesar de que en el país sigue vigente el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), creado por la Ley 10-91, han surgido otros gremios que representan a distintos sectores del periodismo y la comunicación. Entre ellos se encuentran:
- Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP)
- Sociedad Dominicana de Medios Digitales (SODOMEDI)
- Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR)
- Círculo Dominicano de Locutores (CDL)
- Colegio Dominicano de Locutores (CDL), entre otros.
Estos gremios juegan un papel clave en la defensa de los derechos de los periodistas, especialmente en un contexto donde el ejercicio del periodismo enfrenta múltiples desafíos, como censura indirecta, precarización laboral, amenazas e intimidaciones.
¿Pueden los funcionarios obstaculizar la labor periodística?
Los servidores públicos no tienen la facultad de restringir la cobertura de la prensa en eventos de interés nacional. Impedir la labor de los periodistas, ya sea mediante restricciones arbitrarias, intimidación o agresiones, es una violación al derecho de la información y la libertad de expresión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que los Estados deben garantizar un entorno seguro y libre para la labor de los periodistas. Cualquier intento de censura puede ser objeto de recursos legales, como acciones de amparo o denuncias ante el Tribunal Constitucional.
Violencia y maltrato a la prensa: Una realidad que persiste
El maltrato a periodistas, ya sea verbal o físico, por parte de funcionarios, agentes de seguridad o particulares, constituye un abuso de poder y puede ser sancionado conforme al Código Penal Dominicano y la legislación internacional sobre derechos humanos.
En el país se han documentado múltiples agresiones a periodistas, especialmente durante protestas, desalojos y coberturas de actos gubernamentales sensibles. En estas situaciones, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los comunicadores y sancionar a los responsables de cualquier agresión.
Hacia una prensa más respetada y protegida
Si bien la libertad de prensa en la República Dominicana es un derecho constitucional, en la práctica sigue enfrentando obstáculos. La discriminación hacia periodistas de medios digitales, las limitaciones arbitrarias en la cobertura de eventos oficiales y las agresiones contra comunicadores debilitan la democracia y la transparencia gubernamental.
Es fundamental que las autoridades garanticen el acceso a la información, protejan a los periodistas y respeten la labor de los medios de comunicación, sin importar su formato o afiliación. Además, los gremios periodísticos deben continuar fortaleciendo su rol en la defensa de los derechos de los comunicadores, para que la prensa pueda cumplir su función sin temor a represalias.
Solo con una prensa libre y plural se puede asegurar una sociedad informada, crítica y participativa.
Es lamemtable escuchar de casos en los que por intereses particulares todavía exista discriminacion contra comunicadores y más aún que algunos administradores de fondos públicos sr nieguen a rendir cuentas al pueblo (inversionista público) del uso de dichos fondos (los fondos del pueblo) y de sus acciones (acciones pagadas con el dinero del pueblo).
Totalmente de acuerdo.