Por Rafael Méndez
En la República Dominicana, las fiestas patronales han dejado de ser, en muchos casos, expresiones auténticas de fe, cultura y convivencia comunitaria, para convertirse en escenarios dominados por el ruido, el consumo excesivo de alcohol y el uso político de los recursos públicos. Lo que en su origen fue una tradición espiritual y social, hoy se presenta como un espectáculo costoso que, bajo el argumento de la “tradición”, justifica millonarios desembolsos sin retorno social tangible.
El caso de la provincia Bahoruco es ilustrativo. Allí se celebran más de treinta fiestas patronales al año, muchas de ellas caracterizadas por grandes tarimas, contratación de artistas de alto costo y una dinámica centrada en el entretenimiento masivo. Este modelo representa, según su autor, un sacrificio desproporcionado de fondos públicos, especialmente si se considera que esas mismas prácticas podrían estar replicándose en otras provincias del país.
Las patronales tienen su origen en la época colonial, cuando se organizaban en honor a santos y vírgenes, con actividades como misas, procesiones y novenarios que fortalecían la cohesión social. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas celebraciones se han transformado, relegando el componente religioso a un segundo plano y dando paso a una lógica de espectáculo donde predomina el consumo y la promoción artística.
Gasto público y clientelismo
El artículo plantea que este modelo, de extenderse a nivel nacional, implicaría un uso significativo del presupuesto público en actividades que aportan poco al desarrollo social. Además, advierte que las patronales pueden convertirse en plataformas de promoción política, donde figuras locales y estructuras partidarias encuentran un espacio para fortalecer su presencia ante la ciudadanía.
En ese sentido, se señala que algunos alcaldes han reconocido, de manera informal, la carga financiera que representan estas festividades, las cuales obligan a recortes en áreas prioritarias. No obstante, el financiamiento ha sido asumido en gran medida por el Gobierno central, manteniendo una dinámica que beneficia principalmente a artistas, promotores e intermediarios.
Juventud expuesta y comunidad relegada
Otro aspecto crítico es el impacto social de estas celebraciones, especialmente en la juventud. Niños, adolescentes y jóvenes constituyen gran parte del público asistente, expuestos a largas jornadas nocturnas, consumo de alcohol y contenidos poco regulados. Mientras tanto, actividades culturales o deportivas anunciadas en el marco de las patronales suelen tener baja participación o escasa relevancia.
Asimismo, se destaca que estas fiestas han dejado de ser espacios de encuentro intergeneracional. Los adultos mayores tienden a aislarse, y la comunidad pierde oportunidades de diálogo, reflexión y fortalecimiento de su identidad histórica. En lugar de cohesión social, predomina una dinámica centrada en el entretenimiento efímero.
Una tradición que requiere transformación
Desde su experiencia de 14 años como diputado, el autor afirma haber mantenido una postura crítica frente a este modelo, promoviendo en su lugar iniciativas culturales, educativas y deportivas con beneficios más duraderos para las comunidades. Reconoce, sin embargo, que existe presión política y social para mantener el formato actual de las patronales.
En ese contexto, plantea que estas celebraciones no deben ser eliminadas, sino transformadas. Propone reducir su duración, fortalecer su contenido cultural y educativo, e incorporar espacios de reflexión sobre la realidad local, con el objetivo de rescatar su esencia original.
El debate sobre las fiestas patronales abre una reflexión más amplia sobre el uso de los recursos públicos y las prioridades del Estado. Mientras se mantenga el modelo actual, advierte el autor, estas festividades continuarán representando un gasto significativo que podría destinarse a áreas esenciales como educación, salud, deporte y oportunidades para la juventud.
En definitiva, el desafío no es abandonar la tradición, sino redefinirla, para que vuelva a ser un instrumento de identidad, cohesión social y desarrollo comunitario, en lugar de un “culto al vicio” sostenido con fondos públicos.
