La escena fue clara, dura y lamentable: en plena ceremonia de graduación de la Policía Nacional, miembros de la seguridad del Estado —sí, los mismos que deberían proteger los derechos fundamentales— agredieron física y verbalmente a varios periodistas que cubrían el evento. Lo que debió ser una jornada de orgullo institucional, terminó empañada por un acto vergonzoso de irrespeto a la libertad de prensa.
¿Hasta cuándo permitiremos que empujar a un periodista sea parte del protocolo? ¿Hasta cuándo los reporteros, camarógrafos y fotógrafos deberán ejercer su oficio entre empujones, codazos y censura? Lo ocurrido no fue un simple incidente aislado. Fue un reflejo de una actitud institucional que persiste en ver a la prensa como un estorbo y no como un pilar de la democracia.
No se puede hablar de transparencia desde un micrófono oficial mientras se calla a quienes tienen el deber de observar, registrar y cuestionar. No se puede invocar respeto mientras se restringe la libertad de prensa con vallas humanas y prepotencia de uniforme.
Recordamos que sin prensa libre, no hay democracia. El periodista, cuando informa, representa el derecho del pueblo a saber. Cada agresión a la prensa es una agresión al pueblo. Y cada silencio oficial frente a esos abusos, es complicidad.
Hacemos un llamado firme a las autoridades, empezando por la vicepresidenta Raquel Peña y la ministra Faride Raful, a pronunciarse y, más que eso, a actuar. Que no se escondan detrás del protocolo ni del habitual "no sabíamos". Que asuman con responsabilidad su deber de garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
También reiteramos nuestro apoyo irrestricto a todos los colegas afectados, incluyendo a Rosa Escalante, Danyero Read y Xiomara Brito. El compromiso con la verdad no se doblega ante la fuerza. Al contrario, se fortalece.
Hoy más que nunca, la prensa dominicana debe mantenerse unida, vigilante y valiente. Porque si dejamos pasar una agresión, abrimos la puerta a la censura. Y si se normaliza el abuso, se desnaturaliza la libertad.
