La experiencia del recién finalizado periodo de precampaña plantea al país algunos retos fundamentales de cara a las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del 2024:
Ø Aplicación por primera vez de los preceptos legales destinados al control de los gastos en campaña de los partidos y candidatos.
Ø Control de los gastos y actuaciones gubernamentales que pudieran ofrecer ventajas al partido en el poder y sus candidatos.
Ø Aplicación de todos los mecanismos disponibles en los partidos políticos, por parte de las autoridades y de la población para impedir que personas acusadas de corrupción, negocios ilícitos y otras violaciones a las leyes sean elegidas en posiciones gubernamentales.
Por 13va vez consecutiva desde el 1994, Participación Ciudadana está realizando la observación de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales. Muchos aspectos de los procesos electorales han mejorado sustancialmente en estos 29 años, el país ha logrado una estabilidad política que ahora es citada como ejemplo en el continente, ya que, en todo este tiempo, las elecciones se han celebrado en las fechas establecidas, con amplia participación de partidos y de la población. Después de las mal recordadas elecciones del 1994, ningún gobierno ha sido acusado de ser ilegal. Aunque nunca faltan señalamientos, inconformidades y denuncias de violaciones a las leyes electorales, los gobiernos nacionales y locales resultantes han gozado de legitimidad y cumplido con sus periodos.
LA PRECAMPAÑA DEL 2023
El artículo 43 La Ley No. 33-18 establece que el periodo de precampaña inicia el 1ro. de julio del año anterior a las elecciones. La Junta Central Electoral estableció el 1ro. de octubre para la celebración de las primarias y a más tardar el 29 de octubre ser escogidos los candidatos para modalidades diferentes a las primarias, todos los cuales deberán ser inscritos en la JCE a más tardar 15 días después de su escogencia. De acuerdo a la ley, la precampaña debe durar tres meses. Sin embargo, algunos partidos se adelantaron y comenzaron su precampaña mucho antes, desde el 2022.
El país ha presenciado el desbordamiento de la precampaña en todos los ámbitos nacionales, sin ningún respeto por los plazos establecidos. Producto de ese desbordamiento, en un esfuerzo por hacer cumplir la ley, la JCE presentó un comunicado de admonición publicado el 10 de agosto en el que plantea la prohibición de "la celebración de eventos multitudinarios como mítines, marchas, caravanas y la divulgación de propaganda electoral como la colocación de vallas, afiches, pancartas, así como la promoción de los aspirantes a través de medios de comunicación como la radio y la televisión". Dicho comunicado desató reacciones adversas entre las organizaciones políticas opositoras que culminaron en una instancia depositada ante el organismo comicial. Algunos se escudaron en imprecisiones dejadas en la ley o en supuestos derechos constitucionales para, por su propia cuenta, establecer que el periodo de precampaña no tiene ninguna clase de limitaciones, a pesar de que ellos mismos, a través de sus representantes en el Congreso Nacional, fueron quienes aprobaron las leyes electorales y de partidos.
Como consecuencia, los periodos de precampaña y campaña, en vez de reducirse, como se aspiró por décadas, han aumentado, ahora bajo un contexto de rebeldía, gasto desbordado y debilidades de la autoridad electoral. Si contamos desde octubre del 2022 hasta mayo del 2024, República Dominicana tendría una de las campañas electorales más largas del mundo, sobrepasando un año y medio.
La principal razón por la que los países con sistemas electorales más fuertes ponen controles a la duración de las campañas, es por el costo de las mismas. Esto, sumado a la ausencia de transparencia y la ineficacia de los controles del gasto de los partidos y candidatos, se convierte en una preocupación fundamental en la República Dominicana.
Con la información disponible a través de la observación electoral, no es posible determinar, ni siquiera estimar, con cierto grado de precisión los costos del periodo de precampaña. Varios partidos y candidatos realizaron marchas, caravanas, fiestas, grandes reuniones y miles de actividades propias de una campaña electoral y que implican un fuerte gasto.
Las vallas son uno de los mecanismos de propaganda más usados. Para tener una idea aproximada de la magnitud de este tipo de propaganda, voluntarios de Participación Ciudadana realizaron, en la primera semana del mes de septiembre un monitoreo por las principales carreteras del país y avenidas de varias ciudades. Se registró un total de 2,294 vallas de promoción política en tamaños grandes, medianos y pequeños, de las cuales el 53.75% correspondía al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus precandidatos. En segundo lugar, un 23.32% era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus precandidatos; en tercer lugar, un 18.09% era del Partido Fuerza del Pueblo (FP) y sus precandidatos. El restante 4.84% correspondía a 111 vallas distribuidas entre siete partidos minoritarios.
Si consideramos que la Junta Central electoral no pudo regular el tiempo y el gasto destinado a realizar manifestaciones públicas y organizar actos, se concluye que es mucho el dinero que ha corrido para la promoción frente a un proceso electoral que todavía no se inicia. Esto eleva el costo de ser candidato a casi cualquier posición, confiriendo una ventaja abrumadora a los que pueden disponer de más recursos, y viabilizando la penetración del dinero mal habido en la política y luego en las distintas instituciones estatales.
En cuanto al gasto gubernamental con fines electorales, el presidente Luis Abinader ha manifestado reiteradamente que no van a usarse recursos públicos para fines de campaña electoral. Es difícil establecer la relación entre ese gasto y la campaña. Sin embargo, las observaciones realizadas a todos los procesos electorales y el conocimiento de la cultura política dominicana, muestran que en los años preelectorales y electorales suben los gastos gubernamentales en varios renglones íntimamente relacionados con lo electoral, como son: el gasto en publicidad gubernamental; el gasto en programas sociales; el empleo gubernamental; la inversión en obras públicas de corto plazo, como por ejemplo el asfaltado de calles. Esto se presenta, tanto en el nivel del Poder Ejecutivo, como de los municipios e involucra a todos los partidos políticos que dominan plazas electorales.
Este año, para publicidad e impresión está presupuestado un monto de RD$9,595 millones, superando en 51 por ciento los 6,375 millones de pesos gastados en el 2022. Vale indicar que hasta el pasado 13 de octubre ya se habían destinado a este fin unos 4,709 millones, lo que implica un aumento de 34 por ciento con relación a igual fecha del año pasado, sin que haya ocurrido este año algún acontecimiento especial que justifique el incremento. Recientemente el presidente Abinader acaba de anunciar que el gobierno comprará asfalto por RD$11,200 millones que se estarán ejecutando en plena campaña electoral.
Las elecciones internas de los partidos
En esta ocasión, los partidos reconocidos escogieron para sus elecciones internas las convenciones, encuestas y primarias cerradas y que se acogerían a las reservas de candidaturas para las negociaciones con otros partidos.
A pesar de los deseos de la sociedad dominicana de contar con un congreso digno y mejorar la calidad de la representación a nivel congresual y municipal, lamentablemente seguimos arrastrando los vicios de la política malsana y del sistema político clientelar. Esto es así, a raíz de que las primarias y las encuestas, que fueron los mecanismos utilizados por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se han beneficiado con la intención del voto personas vinculadas al narcotráfico, al lavado de activos, señaladas por temas de corrupción y por violencia de género, y que están siendo presentados como candidatos o como posibles candidatos para una próxima contienda electoral.
De igual manera, la Fuerza del Pueblo está presentando como candidato oficial para alcalde de Santo Domingo Este, a Julio Romero, persona vinculada con temas de violación a menores de edad.
Alzamos la voz de alerta ante el intento de vulnerar el deseo de la sociedad dominicana de contar con una verdadera calidad de la representación congresual y municipal.
El trabajo de la Junta Central Electoral
Participación Ciudadana ha observado que, en sentido general la JCE ha venido cumpliendo con su calendario electoral y adoptando las medidas necesarias para organizar las elecciones del próximo año. Mediante 17 resoluciones han sido reglamentados la mayoría de los aspectos requeridos hasta la fecha.
Durante todo este proceso la JCE ha mantenido su decisión en lo referente a la proporcionalidad de género en su interpretación del artículo 58 de la Ley No.33-18, al disponer en su resolución No.13-2023 que el 20% de las candidaturas reservadas a la máxima dirección colegiada de cada partido se calcula sobre cada nivel de elección y no sobre el universo de las candidaturas. El organismo ha advertido a los partidos que no aceptara la violación de las proporciones de género en la inscripción de candidaturas.
Participación Ciudadana lamenta que la JCE decidiera no imponer su autoridad para lograr el cumplimiento de la ley en lo relativo a las campañas a destiempo, para evitar conflictos con los partidos políticos. Entiende que el máximo organismo electoral debe revisarse, en razón de que candidatos y partidos pudieran entender esa posición como una debilidad y abusar de la misma en el futuro.
Tres aspectos llaman la atención en el trabajo de la JCE. El primero fue la falta de planificación del voto de los dominicanos en el exterior para las primarias del PRM. El segundo aspecto tiene que ver con los equipos que se usarán en las elecciones de febrero y mayo próximos. La comprobación previa de que alrededor de un 8.7% de los escáneres no funcionaban adecuadamente y que estos equipos habían sido descontinuados y no existían piezas para repararlos, debió ser detectado mucho más temprano para sustituirlos por equipos modernos, como planea hacerlo ahora la JCE.
El tercer aspecto tiene que ver con la necesaria activación de la Dirección de Control Financiero de los Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas de la JCE, cuyos trabajos aún no se perciben y este debe ser el instrumento clave para controlar las violaciones a la ley en materia de uso ilegal o no transparente de los fondos públicos y privados que reciben partidos y candidatos.
Trabajo del Tribunal Superior Electoral
Participación Ciudadana incluyó dentro de su plan de observación electoral el seguimiento a los trabajos del Tribunal Superior Electoral (TSE). En lo que va del 2023, hasta el 16 de septiembre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) había dictado 17 sentencias relacionadas con las elecciones pautadas para el 2024, incluyendo los procesos internos para la definición de precandidaturas y candidaturas. En las últimas semanas, la escogencia de candidatos por los partidos ha aumentado el número de reclamos que llegan al TSE.
Existe una clara tendencia a que muchos de los casos sean declarados inadmisibles, lo que impide que se conozcan y se decidan en cuanto al fondo. Esto no permite conocer los méritos en hecho y derecho de los casos, e identificar dónde falla nuestro régimen electoral, con la finalidad de implementar las mejoras correspondientes. En el futuro deben identificarse las causas que generan que los tecnicismos procesales se impongan sobre el conocimiento del fondo y así lograr una justicia electoral más efectiva.
Un dato relevante es que la JCE figura como demandada, conjuntamente con el PRM, en 55 de los 61 casos sometidos al TSE. Esto se debe a que el artículo 46 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, hace recaer sobre la JCE la responsabilidad de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar los procesos de primarias, convirtiéndola en parte del proceso. Esta situación fue advertida por Participación Ciudadana cuando se estaba discutiendo la ley de partidos.
Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales
Lamentablemente la creación de la Procuraduría Especializada para la Investigación y Persecución de los Crímenes y Delitos Electorales, demanda por años y establecida en la Ley 20-23 de Régimen Electoral, no ha sido establecida. El proceso electoral ya inició y hasta la fecha no ha sido designado el Procurador Electoral adjunto, ni los fiscales electorales provinciales y del Distrito Nacional.
