El apresamiento del regidor de La Caleta, Jerry de los Santos, ocurrido el pasado 6 de diciembre tras la realización de un aguinaldo comunitario, continúa generando preocupación, indignación y un profundo cuestionamiento al sistema de seguridad pública y al Ministerio Público.
El operativo policial ejecutado esa noche, atribuido al mando del general de brigada Eddy Pérez Peralta, director policial de Regional en Santo Domingo Este (Z-51), y del coronel Álvarez, comandante en Boca Chica (E-4), así como la alegada actuación del fiscal Héctor Peralta, dejó más preguntas que respuestas sobre el uso de la autoridad, la legalidad del proceso y el respeto a la presunción de inocencia.
Lo acontecido aquella noche sigue siendo, según testigos y afectados, un ejemplo preocupante de cómo una celebración pacífica terminó convertida en un operativo policial desproporcionado.
El regidor de los Santos organizaba su 2do Aguinaldo Navideño, una actividad cultural que cada año integra a cientos de comunitarios. Con autorización municipal y bajo un ambiente completamente familiar, el evento concluía de manera ordenada cuando, cerca de la medianoche, unidades de los Linces irrumpieron en la calle Salomé Ureña, exigiendo la suspensión inmediata de la música. Según los presentes, pese a la actitud intimidante de uno de los agentes, Jerry obedeció sin resistencia y la multitud se dispersó pacíficamente.
Minutos después, y ya sin actividad en curso, supuestos desconocidos habrían incendiado una motocicleta policial. Los videos existentes —entregados de manera voluntaria por el propio regidor a las autoridades— mostraban claramente a los presuntos autores del hecho. Sin embargo, lejos de analizar las evidencias, la Policía habría ordenado una presunta redada masiva, arrestando al regidor, a un conductor de InDriver que pasaba por el área, a jóvenes curiosos y a vecinos que no tenían vinculación alguna con el incendio. Para los munícipes esa actuación no fue una investigación, sino un barrido arbitrario.
Durante el proceso, los detenidos fueron señalados como presuntos responsables de delitos sumamente graves: terrorismo, vandalismo, daño a la propiedad y asociación de malhechores. No obstante, según denuncias, ninguna de estas imputaciones fue respaldada por pruebas verificables. Tampoco —según afirman los afectados— el fiscal Héctor Peralta realizó una verificación objetiva de los videos aportados ni de los testimonios disponibles en la localidad.
Los detenidos pasaron varios días bajo condiciones alegadamente infrahumanas: calor extremo, hacinamiento, falta de agua y un ambiente de insalubridad que contrasta con cualquier estándar de respeto a los derechos humanos. Aún más preocupante, según testimonios, fue la exigencia de un presunto pago de RD$500,000 mediante cheque certificado a nombre de la Policía Nacional, presentado como única forma de evitar que se procesara al regidor bajo cargos que podrían llevarlo hasta 30 años en prisión.
El jueves, finalmente, se produjo la liberación de todos los apresados. Pero el daño a la institución, a la confianza ciudadana y a la comunidad ya estaba hecho. Vista Alegre, La Caleta y Boca Chica quedaron con un sabor amargo y una pregunta que no se borra fácilmente: ¿y si esto le hubiera pasado a cualquier otro ciudadano sin la notoriedad de un regidor?
Y aquí nacen las preguntas que esta crónica dirige de manera respetuosa, pero firme, a las autoridades cuyos nombres están vinculados a los hechos:
¿General Eddy Pérez Peralta,
¿considera usted que un regidor, comunitarios, líderes sociales, periodistas, voluntarios, policías municipales, bomberos, defensa civil e incluso simples transeúntes deben ser tratados como presuntos delincuentes por el simple hecho de encontrarse en una actividad comunitaria?
¿coronel Álvarez,
¿volvimos a la vieja Policía Nacional, o nunca la reforma policial llegó a aquellos oficiales que ya tienen más de 30 o 35 años dentro del cuerpo?
¿O es que la reforma solo es un discurso institucional, pero no una transformación real en el comportamiento operativo de sus mandos?
¿Fiscal Héctor Peralta,
¿es correcto que un evento comunitario concluido pacíficamente sea convertido en un expediente con imputaciones graves sin revisar evidencia?
¿Es ese el estándar de investigación que debe aplicar el Ministerio Público en Boca Chica?
Y finalmente, a todos ustedes:
¿Es labor de un oficial convertir en “presuntos delincuentes” a quienes sirven a la comunidad?
¿O estamos ante un exceso que exige revisión profunda y responsabilidades claras?
La Nación observa.
La comunidad espera respuestas.
Y los ciudadanos merecen una Policía que proteja, no que intimide; un Ministerio Público que investigue, no que presuma; y autoridades que actúen con justicia, no con impulsos.
En un país que asegura estar viviendo una transformación institucional, lo ocurrido en La Caleta deja una sombra difícil de ignorar. Y la gran pregunta es si las instancias superiores —incluyendo el primer mandatario y el Ministerio de Interior y Policía— tomarán cartas en el asunto o permitirán que episodios como este sigan repitiéndose mientras la población continúa perdiendo confianza en quienes deben garantizarle seguridad, justicia y respeto.
Por Logan Jiménez Ramos –
Activista Social y periodista
Licenciado en Relaciones Públicas, Magister en Comunicación Política Avanzada, Magister en Diplomacia y Derecho Internacional, Estratega de marketing Político.
