Denuncian dificultades para caminar libremente por la playa y reclaman a Turismo, Medio Ambiente, Armada y Alcaldía garantizar el acceso público a la costa
Boca Chica, República Dominicana.– Residentes y visitantes de la playa de Boca Chica solicitan la intervención de las autoridades competentes para impulsar un amplio proceso de recuperación, protección, organización y defensa del carácter público de la costa, con el propósito de garantizar que este importante espacio continúe al servicio de los nacionales y extranjeros que visitan el municipio.
La solicitud está dirigida al ministro de Turismo, David Collado; al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez; al comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez; y al alcalde de Boca Chica, Ramón Aristides Candelaria Santana, para que, dentro de sus respectivas competencias, coordinen acciones destinadas a preservar la costa y garantizar el acceso público.
Los ciudadanos sostienen que actualmente existen sectores de la playa donde caminar libremente resulta cada vez más difícil, debido a la ocupación de espacios por negocios, restaurantes y establecimientos vinculados a la actividad turística.
Según las denuncias recibidas, algunos establecimientos colocan sillas, mesas, sombrillas y otras instalaciones sobre áreas de arena, generando la percepción entre usuarios de que determinados negocios ejercen un control de hecho sobre espacios que deberían permanecer disponibles para el disfrute público.
La preocupación también alcanza determinados sectores del área, donde ciudadanos aseguran que las actividades comerciales y turísticas terminan condicionando el espacio disponible para quienes simplemente desean caminar, bañarse o disfrutar de la playa.
Cuestionan el concepto de “playa privada”
Uno de los puntos que mayor preocupación genera entre los usuarios es el caso del Santo Domingo Bay Convention Resort & Casino, establecimiento que promociona oficialmente entre sus instalaciones una “playa privada”.
La situación ha generado cuestionamientos públicos porque el artículo 15 de la Constitución dominicana establece que las playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, sujeto a las condiciones que establezca la ley y al respeto del derecho de propiedad privada.
Asimismo, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales núm. 64-00, en su artículo 145, establece que los bienes de dominio público marítimo-terrestre o costas pertenecen al Estado dominicano y que todo ciudadano tiene derecho a su pleno disfrute, salvo las limitaciones relativas a la seguridad nacional.
Por esa razón, ciudadanos y organizaciones que han cuestionado la situación consideran necesario que las autoridades determinen qué áreas pueden ser utilizadas legítimamente por establecimientos privados y cuáles deben permanecer abiertas al público, evitando cualquier confusión entre la propiedad privada de un establecimiento y el carácter público de la playa.
El tema, además, ya ha llegado a los tribunales. Los hermanos José Alcántara y Francisco Alcántara, representados por el abogado Máximo Miñoso Santoni, promovieron una acción constitucional de amparo relacionada con las restricciones denunciadas al acceso público a una zona de playa frente al complejo Santo Domingo Bay. Entre los hechos alegados figuran la existencia de un muro, una garita y personal de seguridad que, según los accionantes, obstaculizan el paso hacia la zona costera.
Testimonios y preocupación ciudadana
José Alcántara, uno de los ciudadanos que ha acudido a los tribunales junto a su hermano Francisco Alcántara, sostiene su reclamo en la defensa del acceso público a la playa y en la necesidad de que se respete el dominio público marítimo-terrestre. Su acción judicial constituye uno de los reclamos formalmente documentados sobre esta situación.
Por su parte, el abogado Máximo Miñoso Santoni, representante legal de los hermanos Alcántara, ha llevado el caso ante los tribunales, donde se han planteado alegaciones relacionadas con el libre tránsito y el acceso al dominio público marítimo-terrestre.
El ambientalista Domingo Abreu también se ha pronunciado públicamente sobre el tema. En declaraciones recogidas por El Inmobiliario, sostuvo que la existencia de una “playa privada” en Boca Chica resulta incompatible, a su juicio, con las disposiciones constitucionales y ambientales que garantizan el uso público de las playas.
De igual manera, el ambientalista Luis Carvajal, miembro de la Comisión Medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuestionó públicamente el uso del término “playa privada” para proyectos turísticos, señalando que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce el carácter público de las playas y de la franja costera.
“La playa no puede convertirse en un espacio exclusivo”
Los ciudadanos que frecuentan Boca Chica consideran que no es justo que una persona tenga dificultades para caminar por la arena, sentarse frente al mar o acceder al agua debido a la expansión de instalaciones comerciales.
Plantean que el desarrollo turístico debe convivir con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los recursos naturales y espacios públicos.
La preocupación no se limita al Santo Domingo Bay. Los usuarios también solicitan revisar la ocupación de la arena por restaurantes, bares, negocios y otros establecimientos, de manera que se determine si las instalaciones existentes cumplen con las autorizaciones correspondientes y respetan las áreas destinadas al libre disfrute de la ciudadanía.
Los solicitantes consideran que la solución no consiste en eliminar la actividad comercial ni turística, sino en organizarla y hacer cumplir las normas, estableciendo claramente los límites que corresponden a cada establecimiento.
Llamado a David Collado, Paíno Henríquez, Armada y Alcaldía
Los ciudadanos hacen un llamado al ministro de Turismo, David Collado, para que desde esa institución se contribuya a garantizar que el desarrollo turístico de Boca Chica sea compatible con el acceso público a la playa.
Al ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez, le solicitan verificar las condiciones ambientales y legales de las áreas ocupadas, así como el cumplimiento de las normas que protegen la costa.
A la Armada de República Dominicana, bajo el mando del vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, le solicitan contribuir, dentro de sus competencias, al orden y la seguridad en los espacios marítimos.
Mientras que al alcalde Ramón Aristides Candelaria Santana le piden fortalecer la coordinación municipal para ordenar las actividades comerciales que ocupan áreas de la playa.
La propia Alcaldía de Boca Chica ha declarado públicamente que la playa está abierta al público y ha advertido que quien impida el acceso a cualquier visitante será sometido a la acción de la justicia.
Una playa pública para nacionales y extranjeros
Los ciudadanos consideran que Boca Chica no puede perder la condición que históricamente la ha convertido en uno de los principales espacios de recreación de la población dominicana.
La playa debe continuar siendo un lugar donde puedan acudir familias, niños, jóvenes, adultos mayores, residentes, dominicanos de otras provincias y turistas extranjeros, sin que el uso de la arena o del agua quede condicionado por el control de establecimientos privados.
El llamado es a las autoridades para que realicen una evaluación integral de toda la costa, determinen cuáles instalaciones cuentan con las autorizaciones correspondientes, establezcan los espacios de libre tránsito y garanticen que ninguna actividad comercial impida injustificadamente el acceso de la población.
Los ciudadanos también consideran necesario recuperar el orden, la limpieza y la protección ambiental de la zona, porque la conservación de la playa constituye un elemento fundamental para el futuro turístico y económico de Boca Chica.
La comunidad insiste en que defender el acceso público a la playa no significa estar en contra del turismo ni de los negocios. Por el contrario, se trata de procurar un modelo turístico organizado, sostenible y respetuoso de las normas, donde puedan coexistir la inversión privada, los visitantes y el derecho de la ciudadanía a disfrutar de sus espacios públicos.
El reclamo final es que las autoridades actúen de manera coordinada y transparente para que la playa de Boca Chica siga siendo una playa pública al servicio de todos, nacionales y extranjeros, y no un espacio cuyo acceso pueda quedar limitado por la ocupación o control de particulares.
LA VOZ SIN CENSURA
Por Logan Jimenez Ramos, periodista
