En los tiempos actuales, donde las democracias se fortalecen a través de la participación ciudadana y el acceso a la información, la comunicación política de un gobierno debe ser inclusiva, transparente y orientada al bien común, no un instrumento de exclusión ni de manipulación.
Un gobierno democrático representa a la totalidad del pueblo, no solo a quienes lo apoyaron en las urnas. Por ello, su discurso debe construir puentes, no muros. La exclusión comunicacional —ya sea por razones políticas, ideológicas, sociales o económicas— vulnera el principio fundamental de equidad y rompe la confianza entre el Estado y la ciudadanía. El lenguaje gubernamental debe abrazar la pluralidad de voces que conforman una nación: opositores, minorías, grupos vulnerables, jóvenes, envejecientes, migrantes, iglesias, empresarios, trabajadores y demás sectores sociales. Todos tienen derecho a sentirse parte del relato nacional.
Cuando la comunicación oficial se usa para dividir, desacreditar o silenciar a ciertos sectores, no solo se debilita la gobernabilidad, sino que también se desnaturaliza el rol del Estado como garante del interés colectivo. El Estado no es propiedad de un partido político ni de un grupo de poder; su función es servir a todos, incluso a los que disienten. La palabra pública del gobierno no puede ser utilizada como herramienta de propaganda personal ni de ataque selectivo. Debe, por el contrario, informar con responsabilidad, rendir cuentas y abrir espacios de diálogo y participación.
En países como la República Dominicana, donde el tejido social se encuentra marcado por contrastes y desigualdades, una comunicación gubernamental excluyente puede profundizar las brechas y sembrar resentimientos. No es casual que en contextos donde se margina a ciertos actores sociales desde la narrativa oficial, emerjan protestas, conflictos sociales o desafección hacia las instituciones.
La exclusión, además, genera resistencias, desinformación y polarización. Un gobierno que comunica para todos, incluso para quienes lo critican, muestra madurez institucional y fortalece la convivencia democrática. La disidencia no es una amenaza; es una expresión saludable en cualquier sistema democrático.
Por eso, la comunicación gubernamental debe cumplir una triple función: informar con veracidad, educar con sentido de nación y escuchar con humildad. No basta con tener presencia en redes sociales, emitir notas de prensa o hacer cadenas de radio y televisión. Se trata de generar confianza, empatía y sentido de pertenencia en la ciudadanía.
La buena comunicación política no es gritar más fuerte ni repetir consignas vacías; es escuchar, empatizar, explicar y persuadir con argumentos, respetando la diversidad y reconociendo que toda ciudadanía merece ser parte del proyecto nacional. Implica, además, que las instituciones públicas coordinen sus mensajes para evitar contradicciones y que se comuniquen políticas públicas con lenguaje claro, accesible y cercano a la realidad de la gente.
En conclusión, la comunicación gubernamental debe ser un ejercicio ético, estratégico y comprometido con la verdad. Gobernar comunicando bien implica incluir, no excluir. Implica reconocer que cada palabra pronunciada desde el poder tiene un peso simbólico y político. Implica entender que cuando un gobierno habla, lo hace en nombre de todos.
Por Logan Jiménez Ramos| Consultor en Comunicación Política | Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional | Periodista | Docente.
