Accionantes buscan que los tribunales ordenen la remoción de obstáculos físicos y garanticen el derecho ciudadano al libre tránsito por las zonas costeras de uso público
Santo Domingo, R.D. – Ante las crecientes denuncias sobre restricciones al acceso y libre tránsito por espacios públicos costeros, fue interpuesta una acción de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo, con el propósito de garantizar el derecho de la ciudadanía al libre acceso y tránsito por las playas de la República Dominicana.
La audiencia para conocer la acción está pautada para el 20 de agosto, donde los accionantes procurarán que sean removidos los obstáculos físicos que, según denuncian, impiden el libre desplazamiento de ciudadanos por determinadas zonas de la franja costera.
La iniciativa judicial surge a raíz de un incidente denunciado por los comunicadores y hermanos José y Francisco Alcántara, ocurrido en la playa de Boca Chica, donde aseguran que, al intentar desplazarse por la franja marítima frente a un complejo hotelero, encontraron bloqueado el paso.
De acuerdo con la denuncia, en el lugar fue instalada una infraestructura compuesta por muros y una garita de control, además de la presencia de personal de seguridad privada que habría impedido el tránsito de los comunicadores.
Los accionantes sostienen que este tipo de situaciones no constituye un hecho aislado, sino que responde a una problemática que, según denuncias ciudadanas, se presenta en distintos puntos del litoral dominicano.
Entre los lugares señalados figuran Playa Juan Dolio, en San Pedro de Macorís; Playa Bayahíbe, en la provincia La Altagracia; y Playa Macao, en la zona de Punta Cana, donde también se han reportado cuestionamientos relacionados con el acceso a espacios costeros.
Buscan remover obstáculos y garantizar el derecho de paso
A través de la acción de amparo, los accionantes buscan que la justicia disponga las medidas necesarias para garantizar el libre acceso y tránsito por las zonas costeras que correspondan al uso público, así como la remoción de obstáculos físicos que puedan limitar ese derecho.
La acción está siendo representada legalmente por los abogados Máximo Miñoso y Hanfiel Polanco, quienes asumirán la defensa de los accionantes ante los tribunales.
Los representantes legales procurarán que el tribunal examine las circunstancias denunciadas y determine las medidas que correspondan para garantizar el respeto a los derechos constitucionales vinculados con el disfrute de los espacios públicos y el libre tránsito.
Un debate sobre el acceso a las costas
El proceso judicial coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre el acceso ciudadano a las playas dominicanas y la necesidad de establecer límites claros entre el desarrollo de proyectos turísticos y privados y el derecho de la población a disfrutar de los espacios costeros de uso público.
Los accionantes esperan que el proceso contribuya a establecer un precedente que permita evitar que muros, controles privados u otras estructuras se conviertan en barreras para el acceso ciudadano a las playas.
La audiencia está prevista para el 20 de agosto, fecha en la que se espera que el tribunal conozca los argumentos de las partes y las solicitudes formuladas mediante la acción de amparo.
