La captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, anunciada por los Estados Unidos, representa un golpe político y simbólico de gran magnitud contra un régimen que durante años ha sido acusado por organismos internacionales, fiscales estadounidenses y gobiernos democráticos de operar como un narco-gobierno.
No se trata de una acusación improvisada. Durante más de una década, altos funcionarios del chavismo han sido señalados por vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado y redes internacionales de lavado de activos, convirtiendo al Estado venezolano —según estas denuncias— en una estructura que trascendió la política para mezclarse con economías ilícitas.
En ese contexto, la acción anunciada por Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald J. Trump no puede leerse únicamente como un acto de fuerza, sino como un mensaje directo contra la impunidad. Trump decidió enfrentar lo que muchos calificaron como un “Estado capturado por el crimen”, mientras otros líderes optaron por la cautela, el silencio o la diplomacia estéril.
El régimen de Maduro no solo fue cuestionado por su carácter autoritario, sino también por acusaciones formales de narcotráfico, conspiración criminal y corrupción, presentadas en tribunales estadounidenses y respaldadas por investigaciones internacionales. Para Washington, el problema venezolano dejó de ser ideológico y pasó a ser una amenaza directa a la seguridad regional.
Desde esta óptica, la captura de Maduro y su esposa simboliza el colapso de un modelo político que, según sus acusadores, utilizó el poder del Estado para proteger actividades ilícitas, mientras sometía a su población a miseria, persecución y exilio forzado. Trump asumió el costo político de actuar donde otros solo denunciaron.
Quienes critican esta decisión hablarán de intervención; quienes la respaldan la ven como una respuesta legítima frente a un régimen señalado como narco-Estado. Lo cierto es que la pasividad internacional permitió que Venezuela se convirtiera en un epicentro de inestabilidad, migración masiva y criminalidad transnacional.
Estados Unidos, con Trump al frente, ha dejado claro que la democracia y la lucha contra el narcotráfico no pueden tratarse como asuntos separados. Cuando el poder político se fusiona con el crimen organizado, la comunidad internacional enfrenta no solo un dilema moral, sino una obligación de actuar.
La caída de Maduro no resolverá por sí sola la tragedia venezolana. Pero ninguna reconstrucción es posible mientras el poder esté asociado al narcotráfico y la corrupción estructural. El desafío ahora es garantizar un proceso de transición que devuelva a Venezuela la legalidad, la institucionalidad y la esperanza.
Donald Trump será recordado como un líder controversial, pero también como uno que decidió confrontar directamente a un régimen acusado de convertir al Estado en una plataforma criminal. Si este hecho abre el camino para que Venezuela recupere la libertad y se libere definitivamente del estigma del narco-gobierno, entonces este momento marcará un antes y un después en la historia regional.
La historia juzgará los métodos.
Los tribunales juzgarán las responsabilidades.
Y los pueblos juzgarán quién tuvo el valor de actuar.
Por consejo editorial La Voz Sin Censura
