“La prensa libre es el mejor instrumento para ilustrar a los hombres” — Thomas Jefferson.
Hoy, esa máxima parece quedar relegada al olvido en la República Dominicana. Lo que debería ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas entre el presidente Luis Abinader y la prensa, se ha transformado en un espectáculo controlado, con guiones previamente elaborados, preguntas filtradas y exclusión sistemática de voces críticas.
En el espacio denominado “La Semanal”, dirigido por el Director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, decenas de periodistas han sido impedidos de formular preguntas libres, en flagrante violación al artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que consagra la libertad de expresión e información como derechos fundamentales.
Este medio, de manera arbitraria e irresponsable, ha sido excluido de “La Semanal”, al igual que decenas de periodistas y medios digitales independientes. Pero la censura no termina ahí: a este bloqueo informativo se suma un ahogamiento económico sin precedentes. Los medios alternativos no cuentan con apoyo publicitario del Estado, mientras que el propio director de la DIECOM ha administrado más de 11 mil millones de pesos destinados a publicidad, sin que el país sepa con exactitud en qué y cómo se ha gastado ese dinero. Una cifra millonaria que, en lugar de fortalecer el pluralismo informativo, parece consolidar un sistema de comunicación selectiva y excluyente.
“La libertad es el derecho de decirle a la gente aquello que no quiere oír” — George Orwell.
Sin la posibilidad de cuestionar sin miedo ni filtros, el periodismo deja de ser un contrapoder para convertirse en un eco complaciente del poder. Este tipo de prácticas no solo restringe la labor de la prensa, sino que también priva al pueblo de su derecho a la verdad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 19, establece claramente:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
Cuando el Estado impone barreras a la información y solo permite preguntas pactadas, se viola no solo la Constitución, sino un principio universal: el derecho de todo ciudadano a estar informado de manera plena y veraz.
El filósofo Albert Camus advirtió que “una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”. En la República Dominicana, el cerco informativo y el control económico sobre los medios independientes amenazan con convertir a la prensa en un instrumento dócil, incapaz de fiscalizar al poder con independencia.
La democracia no es un guion ni una escenografía política: es un sistema que vive de la confrontación de ideas, de las preguntas incómodas, de la verdad sin maquillaje. Cuando se amordaza al periodismo disidente, se asfixia el latido mismo de la democracia.
La historia enseña que ningún poder que teme a las preguntas es un poder verdaderamente democrático. La República Dominicana debe decidir si quiere ser recordada como un país que fortaleció la libertad de prensa o como uno que la sacrificó en el altar de la propaganda.
Hoy, más que nunca, es momento de recordar las palabras de Voltaire:
“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo.”
Si permitimos que el derecho a preguntar se negocie o se limite, mañana será demasiado tarde para defenderlo.
