Hoy se cumplen dos años desde el nombramiento del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta como director general de la Policía Nacional, designado el 14 de noviembre de 2023 mediante el Decreto 557-23. Con esta fecha se completa el período máximo que permite la Ley Orgánica 590-16, la cual establece claramente, en su artículo 23, que el director general solo puede ocupar esa posición por dos años.
La ley no deja espacio a interpretaciones. El mandato es preciso. Y ante este punto de inflexión, surge una pregunta inevitable para la opinión pública: ¿Cumplirá el presidente Luis Abinader lo que ha dicho reiteradamente en otros escenarios sobre respetar la institucionalidad y la ley, incluso cuando se trate de personas cercanas a él?
Guzmán Peralta no es solo un funcionario; es conocido como uno de los hombres de confianza del presidente. Esa cercanía ha generado expectativas, dudas y debates sobre si el jefe de Estado tomará la decisión que corresponde legalmente: removerlo del cargo y colocarlo en situación de retiro, tal como establece la Ley Orgánica de la Policía Nacional para quienes concluyen su período como director general.
¿Qué está en juego?
La situación no es menor. Este es un momento de prueba para el Gobierno. Respetar la ley significaría enviar un mensaje claro de institucionalidad, separación entre lo personal y lo institucional, y compromiso con el Estado de derecho. Lo contrario abriría un serio precedente sobre cómo se interpreta la normativa policial y cómo el poder ejecutivo ejerce su influencia sobre los organismos de seguridad.
En múltiples ocasiones, el presidente Abinader ha reiterado que su gestión se fundamenta en el respeto a la legalidad y en decisiones que prioricen la transparencia por encima de las relaciones personales. Hoy es el momento de demostrar si esa postura se mantiene, aun cuando la decisión pueda resultar incómoda.
El país observa
Más allá de simpatías o valoraciones personales sobre la gestión del mayor general Guzmán Peralta, lo que está en discusión no es su lealtad ni su desempeño, sino la obligación legal del presidente de ejecutar lo que manda la Ley 590-16.
Asimismo, al concluir los dos años, el procedimiento natural es que el director general sea retirado, tal como ordena la normativa policial para garantizar la estructura jerárquica, la movilidad institucional y el relevo dentro de las filas.
Transparencia, institucionalidad y confianza
El país enfrenta altos desafíos de seguridad ciudadana, y la Policía Nacional necesita estabilidad, claridad en su mando y apego irrestricto a la legalidad. La confianza pública en las instituciones se construye a partir de decisiones coherentes con el marco legal y no de acomodos circunstanciales.
Hoy, 14 de noviembre de 2025, el país observa con atención.
La pregunta es simple pero trascendental:
¿Cumplirá el presidente Abinader la ley y actuará como ha prometido, aun cuando se trate de un amigo cercano?
La respuesta marcará un precedente en la vida institucional de la Policía Nacional y, sobre todo, en la credibilidad del Estado dominicano.
