La impunidad se ha convertido en política de Estado y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias, denuncia Carlos Manzano, del CC del PLD
Carlos Manzano, secretario de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), denunció que el reciente desfalco que se produjo en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) no solamente representa una sustracción de fondos públicos, sino que es un atentado contra la salud pública del pueblo dominicano y un golpe directo a la credibilidad del gobierno dominicano y su anunciada lucha contra la corrupción.
Manzano afirmó que, por un lado, desde el Gobierno se pronuncian discursos sobre transparencia y rendición de cuentas, pero los hechos muestran que los fondos destinados a proteger la salud del pueblo son desviados sin ningún reparo.
El dirigente del PLD denuncia que lo peor es que las infracciones penales se venían produciendo bajo la mirada permisiva de los que deberían garantizar la transparencia y la responsabilidad en el manejo de todos los fondos públicos.
Sostuvo que mientras el gobierno afirma que combate la corrupción, los casos como el de SENASA lo que muestran es que el mensaje y la acción están divorciados, y que la población es la que paga con las consecuencias, en especial en términos de riesgo sanitario y pérdida de confianza en todas las instituciones.
Explicó que mientras se gastan recursos en publicidad y discursos, los mecanismos de controles fallan, y los responsables del desfalco quedan prácticamente intocables. La impunidad se convierte en política de Estado, y los ciudadanos son los que pagan las consecuencias.
El dirigente del PLD expresó sus consideraciones en un artículo de opinión publicado en Vanguardia del Pueblo y otros medios digitales en el que reitera que la falta de controles internos y la corrupción de esta administración han puesto en riesgo la confianza en la institución que debe estar encargada de garantizar la atención médica a los más de 7.5 millones de afiliados de SENASA, los que temen por la seguridad y la eficiencia de los servicios de salud que reciben.
Señaló que es imperativo que se implementen reformas profundas en las instituciones encargadas de la salud y la seguridad social, también, que se garantice la independencia y la eficacia del sistema judicial para que los responsables de estos actos sean llevados ante la justicia.
