Urge anular el permiso ambiental y sancionar los culpables
Los DERRAMES Y EXPLOSIONES DE BARCAZA EN PUEBLO VIEJO-PLAYA DE ÑOS NEGROS-AZUA le dan toda la razón al movimiento ambientalista nacional y a las comunidades cercanas que alertaron numerosas veces sobre el posible desastre.
A eso no le debe responder con la ridiculez del Ministerio de Medio Ambiente de ordenarle a los operadores de la planta flotante detener el derrame. De inmediato hay que negar el permiso ambiental otorgado y proceder a sancionar los culpables, sobre todo a los aprobaron el proyecto violando la ley y abusaron de su poder.
Eso fue advertido y era de esperar, por lo que las culpas del Presidente Abinader, de su Gobierno y sus ministerios de energía y mina y de medio ambiente y recursos naturales, Ceara y Almonte son mayores, incluso imperdonables.
La Barcaza, o planta eléctrica flotante, fue implantada a la cañona y puesta a funcionar, en un área protegida, ecológicamente muy frágil y de mucho valor.
Es una barcaza eléctrica de la empresa turca KARPAWERSSHIP de 178 megas, que se agrega a otra planta más antigua de 100 megas, a la Estación de GLP ubicada en ese puerto y a la correa de transporte de cemento y clinker de la Cementera Santo Domingo de la familia Abinader.
La misma fue ubicada a 100 metro de playa Los Negros y a 500 del principal manglar. La Playa de Los Negros es parte de esa valiosa área protegida, refugio de vida silvestre, manglares, manatíes y cardúmenes de peces.
No valieron las advertencias sobre la ilegalidad de tal decisión, ni sobre los graves daños ecológicos que podía producir, ni sobre la agresión a los derechos y a la vida misma de la comunidad de pescadores y los moradores de la zona. No valieron las innumerables denuncias fundamentadas y las reiteradas protestas
Los informes de las Comisiones Ambientales de la UASD y de la Academia de Ciencia fueron despreciados.
Las voces de las comunidades, del pueblo de Azua y del movimiento ambiental fueron ignoradas olímpicamente.
Se impuso el interés empresarial privado por sobre el interés nacional y social. Instalaron la referida barcaza en el marco de una operación de compra y venta en la que estuvo involucrado Ángel Lockward. Una planta vieja comprada a precio de nueva.
Siempre se dijo que todo eso estaba mediado por los intereses empresariales del propio presidente Abinader, cuya cementera es concesionaria beneficiaria del suministro de energía eléctrica, del servicio portuario y propietaria de la correa de transmisión de cemento y clinker para su uso.
Esa Cementera está ubicada ilegalmente, por demás, en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Francisco Alberto Caamaño Deño, en las proximidades a Playa Caracoles y en la cercanía de Pueblo Viejo y Los Negros; y es beneficiaria de esas violaciones e ilegalidades
Todo esto necesariamente hay que situarlo en el oscuro terreno de la ilegalidad, de las agresiones destructivas y contaminantes al medio ambiente, del tráfico de influencia y la protección de operaciones turbias que deben ser investigadas y sancionadas.
La instalación ahí de planta vieja es además de una irresponsabilidad avalada por funcionarios públicos de alto nivel obviando delitos ambientales y posibles desastres inicialmente ejecutados y con posibilidades de repetirse con efectos peores irreversibles; a lo que se le agrega abuso de poder.
El caso amerita una investigación a fondo, el debido procesamiento judicial y sanciones ejemplares. Pero al parecer aquí no hay instituciones que investiguen y sancionen hechos en los que podría estar involucrado el Presidente Abinader, mientras sea gobierno y a la vez poder empresarial.
Por la COORDINACIÖN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA-MC
Narciso Isa Conde
