Por Logan Jiménez
Las recientes escenas de enfrentamientos entre ciudadanos, miembros de las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional y personal de establecimientos turísticos en playas como Puerto Plata, Juan Dolio, Guayacanes, Boca Chica y otros puntos del país han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que cada vez más dominicanos se hacen: ¿Realmente las playas son de todos?
Cada nuevo video que circula en las redes sociales alimenta el mismo debate. Ciudadanos denuncian que se les impide colocar una silla, una sombrilla o un shelter; otros aseguran haber sido retirados de espacios que consideran públicos. Mientras tanto, las autoridades alegan que actúan para mantener el orden, proteger el medio ambiente o hacer cumplir determinadas regulaciones.
Sin embargo, la percepción que queda en gran parte de la población es preocupante: muchos sienten que las playas parecen estar reservadas para hoteles, restaurantes y turistas, mientras el dominicano encuentra cada vez más obstáculos para disfrutar de un patrimonio que, por mandato constitucional y legal, pertenece a todos.
La Constitución de la República Dominicana reconoce el dominio público sobre las playas y costas y establece el deber del Estado de proteger estos bienes para el disfrute colectivo. Esa protección debe ir acompañada del respeto a los derechos ciudadanos, garantizando un acceso libre, ordenado y en igualdad de condiciones.
Entonces, las preguntas son inevitables.
¿Dónde están los legisladores llamados a fiscalizar el cumplimiento de la ley?
¿Qué posición han asumido las autoridades municipales frente a las constantes denuncias de los ciudadanos?
¿Qué dice el Defensor del Pueblo cuando miles de dominicanos expresan sentirse limitados para acceder a espacios públicos?
¿Cuál es la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de las instituciones encargadas de velar por las garantías fundamentales?
¿Y qué dice el Ministerio de Turismo, principal promotor del desarrollo turístico nacional? ¿Cómo conciliar el crecimiento de la industria con el respeto al derecho de todos los dominicanos a disfrutar de sus playas?
También corresponde escuchar la voz del presidente de la República, como jefe de Estado y responsable de la administración pública, para ofrecer claridad sobre las políticas que rigen el acceso y uso de las playas del país.
No se trata de estar en contra del turismo. Todo lo contrario. El turismo representa uno de los principales motores de la economía nacional, genera miles de empleos y proyecta internacionalmente a la República Dominicana. Pero ese desarrollo no puede construirse sobre la percepción de que el ciudadano dominicano pierde espacios que históricamente han sido parte de su identidad y de su patrimonio.
La convivencia entre la actividad turística, la inversión privada y el libre acceso a las playas es posible, siempre que existan reglas claras, transparentes y aplicadas con respeto a la dignidad de las personas.
Mientras las respuestas oficiales no lleguen, continuarán las preguntas y también las voces que reclaman una mayor defensa de los espacios públicos. Algunos ciudadanos consideran que figuras de la comunicación como Santiago Matías, Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro), Ramón Tolentino o Nuria Piera podrían contribuir a mantener este debate en la agenda pública, como ocurre con otros temas de interés nacional.
Más allá de los nombres, lo verdaderamente importante es que el país abra una discusión seria sobre el acceso a las playas, el alcance de las regulaciones vigentes y el equilibrio entre el desarrollo turístico y los derechos de la ciudadanía.
Porque la pregunta sigue vigente y merece una respuesta clara:
¿De quién son realmente las playas dominicanas?
