Otra vez, la República Dominicana se quedó a oscuras. Ayer, el país entero volvió a ser testigo de lo que muchos ya llaman “el apagón de la vergüenza nacional”. Calles, hospitales, aeropuertos, escuelas, comercios y hogares quedaron sin energía, mientras las autoridades ofrecían explicaciones confusas y los ciudadanos encendían velas, no por romanticismo, sino por desesperación.
No se trató de un simple fallo técnico, sino de un colapso moral y administrativo. Décadas de promesas incumplidas, de contratos opacos y de improvisaciones disfrazadas de planificación nos han llevado a este punto. Cada apagón es un recordatorio de que, en este país, el desarrollo sigue dependiendo de la suerte… o del generador más cercano.
Mientras el discurso oficial habla de “energías limpias” y de “transformación del sistema eléctrico”, la realidad es que seguimos atrapados en un modelo sucio, caro y mal gestionado. Los apagones no son eventos aislados: son síntomas de una enfermedad crónica llamada ineficiencia estatal. Y lo más grave es que cada nuevo gobierno promete la cura, pero todos terminan siendo parte del mismo mal.
El apagón de ayer dejó pérdidas millonarias, sí, pero también una sensación de impotencia colectiva. Los dominicanos no solo perdieron luz; perdieron confianza. Cada vez que se va la electricidad, se apagan también la paciencia y la esperanza de un pueblo que paga una de las tarifas más altas de la región por un servicio que sigue siendo tercermundista.
En lugar de dar explicaciones técnicas y culpar al “sistema”, las autoridades deberían dar la cara con humildad y responsabilidad. No basta con apagar incendios mediáticos: hay que encender la transparencia, la inversión responsable y la rendición de cuentas.
La oscuridad de anoche no fue solo eléctrica, fue institucional. Y mientras no se encienda la voluntad política de cambiar las cosas de raíz, los apagones seguirán siendo el reflejo más honesto del estado del país.
Porque un país que no puede garantizarle luz a su gente, tampoco puede garantizarle futuro.
