¿Quién está provocando una crisis innecesaria en el gobierno? Adivina: la Policía Nacional
En momentos en que el gobierno dominicano intenta sostener una imagen de institucionalidad, progreso y respeto a los derechos fundamentales, hay una institución que, lejos de sumar, resta. Que, en lugar de construir confianza, genera miedo. Que, en vez de aplicar la ley, la pisotea. Y esa institución —hay que decirlo con claridad— es la Policía Nacional.
Sí, adivine usted quién está provocando una crisis innecesaria en la gobernabilidad democrática del país: la misma Policía Nacional, la que supuestamente está llamada a proteger a los ciudadanos, pero que en la práctica parece estar empeñada en hacerle daño al propio gobierno al que debe servir.
No se trata de una exageración. Los casos hablan por sí solos. Solo en los últimos años, la Policía ha estado en el centro de escándalos gravísimos: desde asesinatos bajo custodia, como el de David de los Santos en el destacamento del Ensanche Naco, hasta desapariciones, maltratos, y ahora el más reciente escándalo: el secuestro del periodista Edward Ramírez, del periódico El Nuevo Diario, quien fue detenido sin orden judicial, incomunicado y privado del derecho a una llamada telefónica. Un hecho que recuerda más a los tiempos oscuros de dictadura que a un país moderno y democrático.
¿Dónde está el problema? En que estos actos no son errores aislados, ni actuaciones individuales. Se trata de una cultura institucional podrida, donde reina el abuso, la prepotencia y el irrespeto a la ley. Una cultura que el gobierno del presidente Luis Abinader juró cambiar con su tan anunciada reforma policial, que hasta ahora parece más una promesa publicitaria que una política efectiva.
La Policía, al actuar con brutalidad, al detener sin causa, al impedir el ejercicio de derechos constitucionales, no solo afecta a las víctimas. También socava la imagen del gobierno, lo enfrenta con la prensa, lo distancia del pueblo y crea tensiones sociales innecesarias que bien podrían evitarse con voluntad, transparencia y firmeza.
Lo más preocupante es que estas actuaciones están provocando una pérdida acelerada de confianza en las instituciones, especialmente entre los jóvenes, los activistas, los periodistas y los sectores populares. ¿Cómo pedirle a un ciudadano que denuncie un delito si teme que lo detengan a él mismo por “atreverse” a hablar? ¿Cómo hablar de seguridad cuando quienes deben garantizarla son percibidos como una amenaza?
La Policía Nacional, con su historial de abusos, está minando silenciosamente la legitimidad del Estado y poniendo en riesgo la credibilidad de todo un gobierno. Y lo peor: lo hace desde adentro, como una especie de bomba institucional que estalla cada cierto tiempo en forma de escándalo, muerte o impunidad.
Si el presidente Abinader no toma decisiones firmes y drásticas ahora, podría verse arrastrado por los errores de otros. La historia dominicana está llena de gobiernos que perdieron apoyo popular, no por su política económica, ni por su discurso, sino por la arrogancia y el descontrol de sus fuerzas represivas.
El pueblo no quiere vivir con miedo. No quiere tener que adivinar si al caer preso será golpeado, incomunicado o humillado. No quiere pensar que su voz, su derecho, o su libertad están a merced del capricho de un agente.
A esta altura, no se puede seguir gobernando con instituciones del siglo XIX en un país del siglo XXI.
La Policía Nacional no solo debe reformarse: debe ser intervenida, depurada y refundada, si de verdad queremos un país con justicia, orden y democracia.
Hasta que eso no ocurra, seguirá provocando la verdadera crisis que nadie quiere admitir… pero que todo el mundo siente.
Logan Jimenez Ramos
Periodista, Magister en Comunicación Política Avanzada, Magister en Diplomacia y Internacional, licenciado Relaciones Públicas, y Docente.
