Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)
A las pocas semanas de que Juan Bosch y Gaviño fuera juramentado como presidente constitucional de la República, el 27 de febrero de 1963, luego de alcanzar la presidencia con casi un 60% de los votos emitidos en las primeras elecciones democráticas celebradas el 20 de diciembre de 1962, luego de decapitada la tirania de Trujillo, mostró un gran interés para que la República Dominicana tuviera un nuevo Código Penal, en razón de que el existente, respondía al Código Napoleónico, con casi doscientos años, por lo que era una retranca y un obstáculo para el crecimiento y el desarrollo institucional, político, económico y social del país.
En tal sentido, envió una comunicación al presidente del Senado, Dr. Juan Casanova Garrido, copia de la misma se encuentra en el Archivo General de la Nación (AGN), en la que solicitaba que se sometiera con carácter de urgencia un proyecto de ley para la aprobación de un nuevo Código Penal.
Estas informaciones se encuentran en los discursos del Presidente Bosch desde el Palacio Nacional, recopilados por el prestigioso y laureado cineasta, escritor, investigador e historiador dominicano, René Fortunato, quien recientemente partió de este mundo.
De esta importante iniciativa del ex Presidente Bosch ya han pasado sesenta
y dos años. Desgraciadamente, este importante proyecto de nación no pudo ser sometido ni aprobado, pues al igual que la Constitución del 63, con la que estaba gobernando, reconocida como la más avanzada, liberal y progresista; la de mayor justicia social y de la que fue su principal motivador, no convenían a los intereses de los sectores cavernarios de la época en la que tocó gobernar.
Ambos proyectos fueron abortados, satanizados y borrados con el Golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, gestado y patrocinado por la cúpula militar de la época, la oligarquía empresarial, la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica, la Unión Cívica Nacional y la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica.
Si dicho Código hubiese sido aprobado y puesto en ejecución desde esa epoca, este país fuera diferente; habria alcanzado un alto nivel de desarrollo económico, político, social e institucional, pues se habría perseguido y castigado el crimen, la corrupción pública y privada, el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito y otra serie de males.
Además, los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la entidad municipal, serían cada vez más fuertes y funcionales; se hubiese aplicado correctamente el presupuesto nacional en las obras y servicios básicos, como: educación, salud, energía eléctrica, agua potable, seguridad social y ciudadana, entre otros.
Después de veinte años, corriendo de un lado para otro en ambas cámaras legislativas, ahora se quiere festinar, cualquierizar y sancochar a la carrera y al vapor, la aprobación de un nuevo Código Penal, correspondiendo a los intereses de los sectores de poder, de los que se benefician del saqueo de los recursos públicos, conscientes de que este no es el código deseado, que es simplemente para cumplir con los poderes fácticos del sistema político actual.
Los legisladores reconocen que muy pronto habrá que someter otro proyecto de ley para su modificación, bajo el argumento que siempre se ha enarbolado, de que se aprueba “la ley posible, no la deseada”.
Lamentablemente, la corrupción, los antivalores y los sectores de poder, han permeado al Congreso Nacional. Estos sectores son los mismos que se opusieron y enfrentaron al gobierno del Presidente Bosch para derrocarlo e impedir que se aplicara la Constitución del 63 y se aprobara un nuevo Código Penal.
Con la aplicación del código propuesto por el Presidente Bosch, se habria logrado una sociedad más educada, desarrollada y humana, pues se habría aplicado una verdadera justicia, tal como ocurrió en Costa Rica, con José Figueres y otros mandatarios de la época, pues Bosch, dada su reconocida honestidad, transparencia y reciedumbre frente la corrupción, no admitía ni permitía la impunidad y la permisividad imperantes, por lo que hubiese aplicado un régimen de consecuencia.
Esos funestos acontecimientos le ocasionaron al país un retroceso de más de cincuenta años, en lo económico, en lo político, social e institucional.
El autor es Contador Público Autorizado y
Máster en Relaciones Internacionales
Ex diputado al Congreso Nacional, ex miembro de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016
