La República Dominicana, como isla caribeña con su porción de vulnerabilidad sísmica, ciclónica y climática, no tiene el lujo de improvisar frente a los desastres. Y aunque el país ha avanzado en crear marcos legales e institucionales para enfrentar emergencias, la realidad demuestra que la gestión de riesgo aún es un terreno donde se alternan los aciertos y los desafíos estructurales.
La Ley 147-02 sobre gestión de riesgos fue una de las primeras normativas de la región en abordar integralmente la prevención, mitigación, y respuesta ante desastres. Con ella, se institucionalizó el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta (SNPMR) y se establecieron roles clave para los distintos actores del sistema.
Entre los pilares fundamentales de este engranaje institucional destacan:
El Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres, que actúa como el organismo superior de dirección del sistema. Es el ente encargado de definir las políticas generales, coordinar los esfuerzos entre instituciones públicas y privadas, y garantizar que las estrategias nacionales estén alineadas con los principios de gestión integral del riesgo.
Este consejo, presidido por el Presidente de la República, le confiere un carácter estratégico. Lo integran también el Ministro de la Presidencia, quien actúa como vicepresidente del Consejo; el Ministro de Interior y Policía; el Ministro de las Fuerzas Armadas; el Ministro de Salud Pública; el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones; el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ministro de Educación; el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo; el Ministro de Agricultura; el Ministro de Hacienda; el Director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); el Director de la Defensa Civil, quien funge como secretario técnico; y el Presidente de la Liga Municipal Dominicana.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que tiene la responsabilidad de planificar y organizar la respuesta ante situaciones de emergencia. Es la encargada de mantener el contacto directo con las instituciones de primera respuesta y velar por la capacitación, equipamiento y coordinación interinstitucional. También impulsa la elaboración de los planes de contingencia nacionales y locales. Esta comisión está compuesta por representantes de las instituciones antes mencionadas, y es presidida por el Director de la Defensa Civil.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que es la mano técnica y operativa del sistema. Su rol es activar y coordinar las acciones de respuesta inmediata ante cualquier evento que represente una amenaza. Recibe información en tiempo real, emite boletines oficiales, despliega recursos y maneja los protocolos de evacuación, asistencia y rescate. En pocas palabras, es el "cerebro táctico" cuando el país entra en modo emergencia.
Aunque el andamiaje institucional es sólido y bien pensado, su eficacia depende del compromiso político, la asignación de recursos y la voluntad de cada actor local y nacional. En muchos casos, los planes de prevención no llegan más allá del papel. La mitigación, que debería ser prioridad en la planificación territorial, urbanismo y construcción, ha sido muchas veces postergada en nombre del “desarrollo” o simplemente ignorada.
La verdad incómoda es que muchas de las tragedias que vivimos no son naturales: son el resultado de un modelo de gestión de riesgos débilmente articulado con las políticas públicas, de construcciones ilegales que nadie supervisa y de comunidades que sobreviven en zonas vulnerables por falta de alternativas dignas.
No obstante, hay que reconocer avances. El COE se ha consolidado como un centro técnico eficiente y con capacidad de respuesta rápida. La Defensa Civil, los bomberos, las Fuerzas Armadas y otros cuerpos de emergencia han mostrado coraje, coordinación y compromiso en múltiples eventos, desde huracanes hasta colapsos estructurales, como el reciente caso del Jet Set.
Pero la gestión de riesgo no puede limitarse a responder con rapidez, sino que debe enfocarse en prevenir con inteligencia. Y ahí, aún cojeamos.
Por ejemplo, la Ley 147-02 asigna competencias a los gobiernos municipales para que elaboren planes locales de emergencia y manejen fondos para reducir riesgos. ¿Cuántos ayuntamientos tienen esos planes al día? ¿Cuántos destinan recursos reales a prevención? Muy pocos.
La educación comunitaria también es vital. No basta con hacer simulacros una vez al año. La resiliencia empieza en la conciencia colectiva, en saber cómo actuar, cómo evacuar, a quién llamar y cómo proteger a los más vulnerables. Y eso se logra con formación constante, desde las escuelas hasta las juntas de vecinos.
Además, urge actualizar la Ley 147-02 para incorporar las nuevas realidades del cambio climático, las tecnologías de monitoreo, la participación ciudadana y el enfoque de género y discapacidad en las emergencias. Una ley del siglo XXI no puede quedarse anclada en los primeros años del milenio.
¿Y el futuro? Dependerá de nuestra voluntad de invertir en prevención, construir con criterio, formar a nuestra gente y fortalecer las instituciones desde lo local. Porque si algo nos han enseñado los desastres es que la improvisación cuesta vidas… y la planificación, aunque silenciosa, las salva.
En fin, si queremos una República Dominicana verdaderamente resiliente, debemos pasar del discurso a la acción. Y eso comienza con un cambio de mentalidad: entender que gestionar el riesgo no es un lujo, es una obligación moral y constitucional.
Por: Logan Jiménez Ramos | Periodista, Consultor en Comunicación Política, Magíster en Diplomacia y Derecho Internacional, Docente
