SANTO DOMINGO. El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) realizó este viernes una protesta simultánea pacífica reclamando que en el segundo mandato que asume el presidente Luis Abinader para que ahora haya cero impunidad para la corrupción.
Los miembros del movimiento de lucha popular se apostaron en las avenidas George Washington y 27 de Febrero con Máximo Gómez para llamar la atención del mandatario en momentos que juraba en el Teatro Nacional Eduardo Brito para dirigir las riendas de la nación hasta el 2028.
Manuel Ventura y Randy Montaño, dirigentes del Falpo estuvieron a la cabeza de las manifestaciones con las que se reclamó que en el nuevo gobierno de Abinader no ocurra lo mismo que en el primer mandato donde muchos casos de supuesta corrupción quedaron en el limbo.
Ventura indicó que ese movimiento estará muy atento para que no ocurra lo que pasó en la primera gestión del presidente Luis Abinader donde muchos funcionarios fueron acusados de corrupción y nunca ocurrió nada.
Citó el caso de Neney Cabrera con el tema de las pinturas que eran destinadas para pintar 20 mil viviendas con el programa «Pinta tu Barrio en Navidad», de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) que no llegaron a los beneficiados, pese a que el Gobierno invirtió más de 155 millones de pesos para dicho proyecto.
También mencionó al diputado Sergio Moya "Gory", quien es imputado en el caso de supuesta corrupción Calamar, el legislador por el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), es mencionado en el expediente acusatorio de ese caso, llevado en contra de un grupo a quienes se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, lavado de activos y otros delitos.
Asimismo, al ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras, contra quien hubo denuncias de corrupción en el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo y no hubo un proceso judicial en su contra.
De igual forma, a la exministra de la Juventud y hoy diputada Kimberly Taveras, fue cuestionada por su declaración jurada de bienes que rondaba por los 106 millones de pesos, entre activos y pasivos y simplemente optó por tomar una licencia sin disfrute de sueldo y nunca se tuvo conocimiento de un proceso investigativo.
"Adán Peguero, exdirector del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), también estuvo en el ojo del huracán por acusaciones de irregularidades en un contrato con una empresa Mía Cargo y nunca pasó nada", precisó el dirigente popular.
De su lado, Randy Montaño dijo que la lucha pacífica es para que haya castigo contra los corruptos y que el pueblo se entere de lo que ocurre en cada uno de los casos o denuncias de corrupción.
Precisó que el presidente Luis Abinader se pasó todo el tiempo de su primer mandato diciendo que en su gobierno no hay espacio para la corrupción, pero que en los hechos ha permitido varios actos de ese flagelo, y espera que en su segundo mandato cambie con esa línea, por esa razón es que reclaman que honre su palabra.
Dijo que en su primer mandato fue muy sonoro el caso del hijo del ministro de la Presidencia, Lizandro Macarrulla, Lisandro José Macarrulla, quien admitió su culpabilidad de asociación de malhechores, desfalco y soborno en el caso de corrupción Medusa, y que ese imputado llegó a un acuerdo con el Ministerio Público.
"Podríamos mencionar casos, como el de Mérido Torres ex director de la Unidad Técnica de Titulación de Terrenos del Estado, mencionado en el caso Calamar" manifestó Montaño.
También trajo a colación a Luis Maisichel Dicent, exdirector de la Lotería Nacional y principal acusado en el proceso judicial por corrupción administrativa de la Operación 13, quien ya está en su casa tras ser favorecido por una absolución por un tribunal.
"Advertimos que mantenemos la guerra declarada a la corrupción. Esta protesta pacífica busca recordar al presidente Abinader su compromiso de lucha contra este flagelo al inicio de su nuevo mandato", declaró Randy Montaño.
FALPO asegura que continuará su labor de vigilancia y denuncia para promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública dominicana
