En cualquier sistema democrático, la comunicación gubernamental debe ser un puente entre el Estado y sus ciudadanos, un canal para informar, educar, orientar y fortalecer la convivencia social. Sin embargo, cuando ese poder se distorsiona y se utiliza como herramienta para manipular, perseguir o desacreditar voces críticas, se convierte en un arma peligrosa que atenta contra los principios fundamentales de la democracia.
En la República Dominicana, el manejo de la comunicación oficial ha alcanzado niveles de profesionalización y alcance nunca antes vistos. Con presupuestos multimillonarios, plataformas tecnológicas avanzadas y un equipo humano de alto nivel, el gobierno posee hoy una maquinaria comunicacional poderosa. Pero esa capacidad debe usarse con responsabilidad, ética y transparencia.
El poder de comunicar no debe convertirse en el poder de aplastar. No se puede justificar el uso de los medios oficiales para perseguir comunicadores, desinformar a la ciudadanía o encubrir errores administrativos. La propaganda mal intencionada, la descalificación de líderes comunitarios, periodistas o ciudadanos que piensan diferente, es una forma moderna de represión.
La comunicación del Estado no puede ser propiedad de un partido, de un funcionario o de un grupo de intereses. Es un bien público y, como tal, debe estar al servicio de todos: del campesino, del joven desempleado, del maestro, del médico, del estudiante, del periodista independiente. Su finalidad debe ser empoderar a la ciudadanía, no silenciarla.
Recordemos que el poder comunicacional también puede construir puentes de paz, impulsar soluciones colectivas y fortalecer la confianza en las instituciones. En tiempos de crisis, la buena comunicación salva vidas; en tiempos de estabilidad, crea esperanza y cohesión social.
El llamado es claro: que el poder de la comunicación no se convierta en un instrumento para destruir al pueblo, sino en una herramienta para servirlo con dignidad.
Por: Logan Jiménez Ramos
Director del Multimedios La Voz Sin Censura
Periodista, Magister en Comunicación Política Avanzada, Magister en Diplomacia y Derecho Internacional, licenciado Relaciones Públicas, y Docente.
