Por Redacción La Voz Sin Censura
Santo Domingo, R. D. – Habitantes de varios municipios del este de la provincia Santo Domingo denunciaron un aumento preocupante de inmigrantes indocumentados, la supuesta paralización de operativos migratorios y la saturación de escuelas y hospitales, lo que afecta directamente a las comunidades dominicanas.
Dirigentes comunitarios, padres de familia, líderes religiosos y ciudadanos entrevistados en el recorrido coincidieron en que la presencia de personas en condición migratoria irregular ha aumentado de forma alarmante, generando una sobrecarga en escuelas, hospitales y demás servicios básicos, sin que las autoridades brinden una respuesta efectiva.
Uno de los principales reclamos de los residentes consultados gira en torno a la presunta suspensión de los operativos de interdicción migratoria, que hasta hace unos meses eran frecuentes en sectores como La Ureña, Valiente, Mendoza, Ciudad Juan Bosch y diversos barrios de Boca Chica.
“La Dirección de Migración dejó de venir. Todo el mundo lo sabe, y dicen que fue por presiones de los constructores. Aquí se están haciendo edificios, en solares y proyectos habitacionales con mano de obra barata, y muchos son extranjeros sin papeles. Es un negocio millonario que no les conviene parar”, denunció un líder comunitario de Valiente.
Varios entrevistados señalaron que la construcción de proyectos inmobiliarios en zonas como La Caleta y Guerra se realiza sin ningún tipo de fiscalización en cuanto al personal contratado, lo que explicaría, según denuncian, la aparente protección o permisividad de las autoridades ante la inmigración irregular.
En localidades como Ciudad Juan Bosch y Boca Chica, padres de familia afirmaron que sus hijos han sido rechazados en escuelas públicas por falta de cupo, mientras que los planteles disponibles ya no dan abasto para atender la demanda educativa. “Mi hija quedó fuera. Me dijeron que no había espacio y que había muchos niños ya inscritos. Pero uno ve que llegan niños extranjeros todos los días. ¿Qué pasa con los nuestros?”, expresó Yolanda Zapata, madre de tres hijos, residente en La Caleta.
Asimismo, los centros de salud presentan una situación crítica. En Boca Chica, La Caleta, Guerra y otros lugares del área, los servicios de emergencia, consultas y maternidad están saturados, sin personal ni recursos suficientes. “Llevo tres días buscando que atiendan a mi padre en la emergencia y no hay cama. Dicen que están llenos, y eso uno lo ve. ¿Y las autoridades? “Bien, gracias”, comentó con frustración un joven en el hospital de Guerra.
Según cifras publicadas por la Dirección General de Migración, solo entre abril y mayo de 2025 se realizaron más de 1,300 detenciones de extranjeros indocumentados, incluyendo 260 en el Gran Santo Domingo. Sin embargo, líderes comunitarios sostienen que estas cifras no reflejan la realidad de los barrios más afectados, donde ya no se observan operativos y la presencia de extranjeros ilegales sigue creciendo. Además, en marzo de este mismo año, se reportaron más de 12,000 repatriaciones, aunque se desconoce cuántas ocurrieron específicamente en la provincia Santo Domingo.
Los residentes de estos municipios han reiterado su llamado al gobierno central, especialmente al presidente Luis Abinader, para que se restablezcan los operativos de control migratorio, se garantice el derecho a la educación y a la salud para los dominicanos, y se combata la corrupción institucional que —afirman— está permitiendo la expansión de una nueva desigualdad social. “Nosotros no estamos en contra de los extranjeros que vienen a trabajar honestamente, pero el Estado debe proteger primero a su gente. Las escuelas no dan abasto, los hospitales están repletos y los delincuentes andan sueltos. Esto es una bomba de tiempo”, advirtió un dirigente comunitario en el sector La Ureña.
La situación de abandono en las zonas del este de la provincia Santo Domingo evidencia no solo una crisis de gestión migratoria, sino también una alarmante desigualdad en el acceso a derechos básicos para las comunidades dominicanas más empobrecidas. Los sectores afectados exigen del gobierno una política migratoria firme, sin distinción de intereses económicos, y una inversión directa en infraestructura educativa, sanitaria y comunitaria. De continuar la indiferencia estatal, el tejido social en estos municipios podría debilitarse aún más, dando paso a mayores conflictos, desconfianza institucional y aumento de la criminalidad.
