Manzanillo, Montecristi. — El Consejo de Organizaciones para el Resarcimiento Socioambiental y Productivo del Municipio Pepillo Salcedo denunció este miércoles que BID Invest se mantiene realizando encuentros en el territorio con el objetivo de “escuchar”, sin presentar una propuesta concreta de solución integral frente a los impactos atribuidos al proyecto Manzanillo Gas and Power.
La organización afirmó que esta dinámica responde a una estrategia orientada a documentar procesos de diálogo sin compromisos vinculantes, en el marco del caso abierto ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID. En ese sentido, anunciaron que sostendrán una reunión el próximo lunes con dicho organismo para dar seguimiento al reclamo presentado.
Frank Valenzuela, coordinador del Consejo, indicó que, a casi tres años de la primera visita de BID Invest, la institución continúa repitiendo un patrón de encuentros sin resultados concretos. “Escuchan, pero no responden; se reúnen, pero no se comprometen”, expresó, al tiempo que calificó el proceso como un mecanismo de desgaste institucional.
El Consejo recordó que el caso fue elevado al MICI debido a la incapacidad del Mecanismo de Gestión de Reclamos (MGM) del propio banco para ofrecer soluciones estructurales y vinculantes.
Asimismo, denunciaron que desde noviembre de 2023 se ha mantenido un ciclo reiterativo de reuniones sin respuestas efectivas, lo que, según señalaron, ha permitido la acumulación de impactos negativos en el territorio, incluyendo el deterioro de ecosistemas y la afectación de medios de vida.
En ese contexto, Valenzuela sostuvo que la raíz del problema radica en la aprobación del financiamiento del proyecto con deficiencias en la evaluación ambiental y social. Indicó que el propio BID Invest ha reconocido brechas en la línea base pesquera y en la evaluación de impactos acumulativos, lo que evidencia que el proyecto avanzó sin una comprensión integral del territorio.
El Consejo advirtió además que las acciones recientes del banco buscan construir una narrativa institucional de cumplimiento ante el MICI, sin asumir responsabilidad directa por los daños. “No se trata de resolver el conflicto, sino de administrarlo”, señalaron.
Entre los impactos denunciados, destacaron afectaciones en comunidades como Villa Raif, Manzanillo, Copey y Carbonera, donde aseguran se han producido cambios significativos en las dinámicas productivas, pérdida de acceso y deterioro ambiental sin compensación adecuada.
El Consejo reiteró que no aceptará propuestas basadas en iniciativas aisladas o programas de responsabilidad social, al considerar que la situación requiere un enfoque integral de resarcimiento territorial que incluya compensaciones proporcionales al daño causado.
En ese sentido, plantearon la necesidad de establecer una mesa de diálogo con mecanismos independientes de supervisión, metas medibles y cronogramas verificables, así como la creación de un Fondo de Resarcimiento Territorial permanente. También propusieron que el 1.5 % de la inversión total del proyecto sea destinado como compensación al municipio.
Finalmente, recordaron que su reclamo se fundamenta en principios constitucionales y legales, incluyendo la obligación de reparar daños ambientales y garantizar la participación ciudadana, conforme a la normativa nacional e instrumentos internacionales.
“El territorio ya fue impactado y documentado. Ahora corresponde que se asuma la responsabilidad y se proceda con la reparación”, concluyó el Consejo.
