Ramón Candelaria denuncia acoso a inversionistas del litoral costero, mientras vendedores lo señalan por falta de permisos y cierre de vías.
Boca Chica, R.D. – El alcalde de Boca Chica, Ramón Candelaria, acusó este martes en medios Ilustrados Radio Show (plataforma digital) a la Armada de la República Dominicana de frenar el desarrollo del municipio turístico y de mantener un “acoso permanente” contra los inversionistas que buscan desarrollar proyectos en el litoral costero de la playa.
El ejecutivo municipal denunció que el pasado fin de semana oficiales de la Armada, acompañados del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) y representantes del Ministerio Público, visitaron un terreno de su propiedad en el banco de arena. Según afirmó, la intervención fue injustificada, ya que los terrenos fueron adquiridos legalmente a la familia Vicini.
“Yo no soy invasor. Ese terreno lo compré y tengo los permisos de la alcaldía para construir en mi propiedad privada. La Armada y otras instituciones están entorpeciendo el crecimiento de Boca Chica y desalentando la inversión”, expresó Candelaria, al tiempo que pidió respeto a la seguridad jurídica de quienes apuestan por el desarrollo de la zona.
Reacciones encontradas en la playa
La denuncia del alcalde no tardó en generar reacciones. Vendedores y comerciantes de la playa aseguraron que el edil no cuenta con los permisos correspondientes del Ministerio de Medio Ambiente ni del Ministerio de Turismo, instituciones que regulan el uso de suelo y las construcciones en áreas de impacto ambiental y turístico.
De igual modo, algunos comunitarios lo acusaron de pretender cerrar la calle Bautista Vicini, una de las principales vías de acceso a la playa, lo que afectaría tanto a residentes como a pequeños negocios de la zona.
“Lo que queremos es orden, pero también respeto a las normas. El alcalde no puede imponer proyectos sin la autorización de Medio Ambiente y Turismo”, señaló un comerciante consultado.
Un conflicto que va más allá del terreno
Boca Chica es considerado uno de los principales polos turísticos del Gran Santo Domingo, pero también ha sido escenario de conflictos relacionados con el uso de su litoral. Los terrenos próximos a la playa, de gran valor económico y estratégico, han estado en disputa entre inversionistas privados, autoridades municipales y comunidades locales desde hace décadas.
Expertos señalan que la falta de coordinación entre las instituciones del Estado y los gobiernos locales provoca choques de competencias que terminan en enfrentamientos legales o mediáticos. La presencia de la Armada y del SENPA en terrenos de alto interés refleja la importancia que el Estado otorga a la preservación de áreas costeras, mientras que los inversionistas reclaman mayor seguridad jurídica.
Expectativas y silencio institucional
Hasta el momento, la Armada Dominicana, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo no han emitido una respuesta oficial sobre las acusaciones del edil. Tampoco se han referido al alegado intento de cierre de la calle Bautista Vicini.
Mientras tanto, sectores empresariales y comunitarios advierten que los conflictos no solo afectan la imagen del municipio, sino también la llegada de nuevas inversiones turísticas y la estabilidad laboral de cientos de familias que dependen de la playa para subsistir.
Desarrollo vs. preservación
La situación abre un debate más amplio sobre cómo garantizar el equilibrio entre la inversión privada, la preservación ambiental y la planificación urbana en Boca Chica. El municipio, con un potencial turístico extraordinario, enfrenta el desafío de ordenar su crecimiento sin sacrificar sus recursos naturales ni marginar a los residentes tradicionales.
Para muchos, el caso refleja la necesidad de políticas públicas claras y de un diálogo institucional más efectivo que evite choques entre autoridades locales y nacionales, a fin de convertir a Boca Chica en un destino competitivo, sostenible y en armonía con sus comunidades.
