Las acciones son resultado de la coordinación operacional entre la Armada de República Dominicana, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y el Ministerio Público
Santo Domingo, R. D.– Un tribunal de la provincia La Altagracia impuso distintas medidas de coerción contra cuatro personas vinculadas presuntamente con la organización, coordinación y ejecución de dos operaciones de tráfico ilícito de migrantes con destino a Puerto Rico, en las que fueron interceptadas un total de 128 personas.
Las acciones son resultado de la coordinación operacional entre la Armada de República Dominicana (ARD) y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos (USCG), en Puerto Rico, así como de las labores investigativas y de judicialización desarrolladas junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
Durante las operaciones marítimas, una de las embarcaciones fue interceptada con 77 personas a bordo, mientras que en una segunda intervención fueron detenidas otras 51 personas que intentaban realizar la peligrosa travesía marítima irregular hacia territorio puertorriqueño.
Como resultado de las investigaciones y las evidencias recopiladas, fue sometido a la acción de la justicia Vladimir Lajara Aguasvivas, alias “El Mello”, señalado como presunto organizador de estas operaciones. El tribunal le impuso tres meses de prisión preventiva.
Asimismo, Wiston José Muñoz Rosario y Berto de la Rosa Ortega, vinculados a la operación en la que fueron interceptadas 77 personas, recibieron garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país por un período de seis meses.
De igual manera, Iván Peña Faña, señalado como capitán de la embarcación utilizada en la operación en la que fueron interceptadas 51 personas, recibió las mismas medidas de coerción por un período de seis meses.
De acuerdo con las investigaciones, los imputados estarían vinculados a una estructura dedicada a la organización y ejecución de viajes marítimos clandestinos hacia Puerto Rico, mediante el uso de embarcaciones en condiciones que, según las autoridades, exponen a sus ocupantes a graves riesgos para su vida e integridad física.
Las autoridades indicaron que los implicados podrían enfrentar severas sanciones penales, de hasta 30 años de reclusión mayor, conforme a las circunstancias agravantes atribuidas al caso y a las disposiciones establecidas en la Ley núm. 46-25, que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La Armada de República Dominicana destacó que estos resultados reflejan la importancia de la cooperación interinstitucional y de los esfuerzos conjuntos para combatir las estructuras dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, actividad que, además de constituir un delito, expone a las personas a situaciones de alto riesgo durante las travesías marítimas.
La institución naval reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de vigilancia, inteligencia e interdicción marítima, en coordinación con el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y el Ministerio Público, con el propósito de identificar, perseguir y poner a disposición de la justicia a los organizadores, capitanes, colaboradores y demás integrantes de estas estructuras.
Finalmente, la Armada exhortó a la ciudadanía a no poner en riesgo su vida mediante viajes marítimos clandestinos y a abstenerse de financiar, facilitar o colaborar con personas u organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de migrantes, una actividad que ha provocado pérdidas humanas y consecuencias para numerosas familias dominicanas.
