Persisten incertidumbres normativas, tensiones institucionales y resistencia al acceso a la información pública, según informe del organismo internacional.
SANTO DOMINGO.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó que la situación de la libertad de prensa en República Dominicana continúa rodeada de incertidumbres normativas, tensiones institucionales y amenazas al ejercicio del periodismo independiente, de acuerdo a su más reciente informe.
El organismo señala como principal preocupación el estancamiento de la reforma a la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, vigente desde 1962. Aunque un anteproyecto de ley fue elaborado por una comisión especial hace más de dos años, permanece bajo estudio en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Pese a que en marzo pasado el presidente Luis Abinader anunció que remitiría el proyecto al Congreso Nacional, hasta la fecha no se ha producido ningún avance, lo que evidencia, según la SIP, "falta de voluntad política o divergencias internas".
Simultáneamente, surgieron iniciativas paralelas en el Congreso, impulsadas de manera independiente por los diputados oficialistas Bolívar Valera y Amado Díaz, que buscan regular a medios digitales, creadores de contenido, influencers y plataformas digitales, generando preocupación en torno al respeto a la libertad de expresión en el ámbito digital.
El informe también resalta la controversia originada en noviembre de 2024, cuando la Suprema Corte de Justicia aprobó una nueva política de protección de datos que, a juicio de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), restringe el acceso de la prensa a información judicial pública. La crítica principal apunta a la amplia discrecionalidad que dicha política otorga a los jueces para declarar información como confidencial, afectando así la transparencia y el periodismo de investigación.
A ello se suma la declaratoria de inconstitucionalidad, en diciembre pasado, de la Ley 1-24 que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI). Esta legislación, rechazada por medios de comunicación, juristas y organizaciones de derechos humanos, otorgaba facultades desproporcionadas a los agentes estatales, como confiscar datos y citar a ciudadanos sin orden judicial previa.
Asimismo, el informe lamenta el incumplimiento sistemático de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública por parte de varios organismos estatales. Casos como la negativa de la Autoridad Portuaria Dominicana a suministrar información sobre el arrendamiento de los Astilleros Navales, y la falta de respuesta de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) ante el requerimiento del listado de clientes morosos, son mencionados como ejemplos emblemáticos.
La SIP concluye que, en medio de estas tensiones, la libertad de prensa en República Dominicana enfrenta retos serios que podrían afectar la calidad democrática del país si no se adoptan medidas concretas para garantizar un entorno de mayor apertura y respeto a los derechos fundamentales.
