Participación Ciudadana, movimiento cívico no partidista, exigió explicaciones sobre la continuidad del contrato de semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore, luego de haberse anunciado la suspensión.
“Se espera que en las próximas horas el Gobierno ofrezca una explicación clara de las razones por las que se continuó ejecutando el contrato para la semaforización del Gran Santo Domingo con la empresa Transcore a pesar de haber sido suspendido desde octubre del año pasado”, dijo la entidad en nota de prensa.
De igual manera considera que la población debe saber el nivel de ejecución del citado contrato, los pagos realizados durante el proceso y las razones por las que se dejó el control del sistema en una empresa cuestionada por el propio Gobierno.
Se recuerda que la Dirección de Compras y Contrataciones suspendió el citado contrato por un monto superior a los RD$1,300 millones de pesos en octubre del 2023, luego de identificar irregularidades como que fue creada meses antes del citado concurso y que el dueño oficial era un empleado de la entidad organizadora del proceso, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT)
La organización cívica filial de Transparencia Internacional en la República Dominicana considera que los argumentos expuestos la semana pasada por el vocero del gobierno, Homero Figueroa, resultan superficiales y no llenan las expectativas de una sociedad que merece explicaciones sobre el uso adecuado de los fondos públicos.
“La sociedad dominicana está cansada del dejar hacer y el dejar pasar frente a contratos de esta naturaleza que envuelven miles de millones de pesos y que luego del escándalo caen en el olvido de los medios”, dice un comunicado del Consejo Nacional de la Organización.
Participación Ciudadana indicó que de igual manera el Ministerio Público debe explicar el curso de las investigaciones que se iniciaron el año pasado y de las que la ciudadanía no tiene información.
“Sabemos que en la fase investigativa el Ministerio Público no debe publicar resultados que incluso afecten el proceso, pero es preciso saber si en este caso que envuelve una cifra tan grande y un servicio que cae en el ámbito de la seguridad nacional, hay un proceso abierto”, acotó Participación Ciudadana.
La organización cívica cuestiona que días después de que funcionarios de la administración del presidente Luis Abinader firmaran un compromiso con la ética y la transparencia exploten escándalos como este o la suspensión de la licitación del pasaporte electrónico.
